La extremeña Filomena Peláez, en el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha elegido este viernes a diez nuevos consejeros electivos, entre las 80 candidaturas presentadas.

Los candidatos elegidos son Javier Caballero Martínez (Navarra), Cristina Llop Velasco (Aragón), Lourdes Maiztegui González (País Vasco), Filomena Peláez Solís (Extremadura), Jesús Pellón Fernández-Fontecha (Cantabria), José Arturo Pérez Moreno (Andalucía), Jesús Sánchez García (Cataluña), Nielson Sánchez Stewart (Andalucía), Julio Sanz Orejudo (Castilla y León) y Pascual Valiente Aparicio (Andalucía), informó la Abogacía en un comunicado.

Las elecciones han tenido lugar durante la reunión del pleno de la Abogacía Española en Madrid. Como suele ser habitual en estos casos, los consejeros elegidos han tomado posesión del cargo durante el pleno.

El pleno del Consejo General de la Abogacía cuenta con doce consejeros electivos, abogados de reconocido prestigio, elegidos libremente y con voto secreto por los miembros del propio pleno, y cuyo mandato tiene una duración de cuatro años.

Los consejeros forman parte, junto con los 83 decanos de los Colegios de la Abogacía y los presidentes de los Consejos autonómicos, del pleno de la Abogacía en cuyas decisiones tienen voz y voto, salvo en la elección de presidente.

Durante su intervención en el pleno, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha destacado: "Asumís esta responsabilidad en un momento decisivo para la abogacía en España, y lo hacéis con el compromiso de fortalecer su independencia y su servicio a la sociedad. Recordad que nuestra labor trasciende lo técnico: somos la voz que convierte el conflicto en defensa y la defensa en justicia, sosteniendo con discreción y firmeza el Estado de Derecho".

La labor de los consejeros y consejeras electivos, de carácter no retribuido, se orienta a apoyar, complementar y reforzar la actuación del pleno del Consejo, desde el compromiso y la defensa del interés general de la profesión.

Al inicio del pleno, Carolina Salvador, nueva decana del Colegio de la Abogacía de Estella-Lizarra, tomó posesión como consejera de la Abogacía Española en sustitución de Bernardo Lacarra.

Durante la reunión, la Abogacía recordó que ha trasladado a los grupos políticos la urgencia de acordar la Pasarela al RETA para resolver un grave problema social que afecta a miles de personas y sus familias.

También se informó de avances en Justicia Gratuita y Turno de Oficio, así como de la reciente propuesta de modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. Sobre este tema, Salvador González ha destacado que estas mejoras "son un avance", pero que se seguirá trabajando para aprobar "las peticiones históricas e imprescindibles que reclama la Abogacía Española".

Entre otras prioridades, se encuentra el incremento de las retribuciones y su actualización periódica, más agilidad en los pagos, más especialización y extensión de servicios, que desaparezcan las brechas territoriales y garantía de abono por todas las actuaciones prestadas.

Respecto al Programa Upro, impulsado junto a Unión Profesional, se notificó que más de 21.800 personas se han inscrito en Competencias Digitales.

Se comunicó además el acuerdo con el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia para un ciclo formativo sobre la Ley de eficiencia que comenzará en marzo.

También se puso en conocimiento que la Abogacía Española y el Poder Judicial mantienen su colaboración para mejorar la Justicia, junto con la cooperación con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Tribunal Constitucional. En el ámbito internacional se abordó la situación en Venezuela, reclamando una transición pacífica con respeto al Estado de Derecho.

Finalmente, se trató el impago de cuotas del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), decidido "unilateralmente" por el ICAM, sin que hubiesen impugnado los presupuestos del Consejo General. En el caso de 2025, superado ya el intento de inadmisión planteado por el ICAM, el procedimiento judicial está pendiente de resolución.

Respecto a 2026, como se acordó en pleno, se prepara ahora la demanda en defensa de la legalidad y de los intereses del conjunto de la abogacía. Asimismo, se abordó la decisión del ICAM, que afecta a las cuotas de nueva incorporación y al procedimiento de colegiación, de sustituir unilateralmente el sistema estatutario por una declaración responsable y suprimir el cobro de la cuota correspondiente a la Abogacía Española. En este punto, y a diferencia del anterior, el ICAM ha rectificado, dejado sin efecto la declaración, ha recordado la Abogacía.