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Asamblea urge al Gobierno equiparación salarial Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

La propuesta defendida por el PP pide proceder a la actualización del catálogo de puestos de trabajo adaptándolo a las necesidades actuales.

08 febrero 2024

Ep.

La Asamblea de Extremadura ha instado al Gobierno de España a elaborar una Ley de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado donde se adopten los mecanismos necesarios para desarrollar íntegramente el acuerdo de equiparación salarial con respecto a las policías autonómicas.

Esta petición está contenida en una propuesta de pronunciamiento defendida este jueves en el pleno de la cámara legislativa regional por la diputada del PP Susana Rodríguez Sánchez, que ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos (PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura).

Entre otras cuestiones, la propuesta también pide al Ejecutivo central que reconozca la labor de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como proceder a la actualización del catálogo de puestos de trabajo adaptándolo a las necesidades actuales e incluyendo los servicios creados en los últimos años.

También solicita reconocer que las profesiones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado son profesiones de riesgo, con las "consecuencias económicas y de toda índole que ello conlleva", así como dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado del personal necesario y de los medios materiales y técnicos adecuados para realizar su labor.

En su intervención, la diputada del PP Susana Rodríguez Sánchez ha destacado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado representan una institución que año tras año es la "mejor valorada" por la ciudadanía.

A pesar de ello, ha criticado que estén "discriminados salarialmente" pese a la existencia de un acuerdo de equiparación que no se ha cumplido, además de tener falta de medios de protección tanto jurídicos como materiales y no estar reconocidos como profesión de riesgo.

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno del PSOE, el diputado José María Vergeles, aunque ha mostrado su posición a favor de la iniciativa, se ha preguntado si el objetivo de los 'populares' en esta legislatura era "solo confrontar" con el Gobierno nacional.

En esta línea, ha mostrado el respeto de su grupo a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y ha tenido un mensaje de recuerdo para el agente herido leve este jueves en las protestas de los agricultores en Extremadura.

Además, Vergeles ha asegurado que los 'populares' "solo dicen una verdad" en su propuesta y es que firmaron el acuerdo de subida pero no lo cumplieron y "solo han puesto palitos en las ruedas" cada vez que el mismo se ha intentado cumplir.

Por su parte, el diputado Óscar Fernández Calle ha aseverado que no entiende que la "discriminación" entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas se produzca desde hace más de 30 años.

Así, ha considerado que la sociedad española está "en deuda" con unos profesionales que han combatido a quienes "han puesto en jaque a la democracia", además de a "delincuentes y maleantes".

Por ello, el diputado de Voz ha considerado "justo y necesario" considerar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como una profesión de riesgo, además de que dispongan de más medios humanos y materiales.

Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández ha celebrado que los 'populares' se acuerden ahora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al tiempo que ha recordado que su grupo presentó en 2017 una propuesta de pronunciamiento similar cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Asimismo, ha señalado que Unidas por Extremadura apuesta por la desmilitarización de la Guardia Civil, lo que redundaría en una mejora de sus condiciones y ha añadido, dirigiéndose al PP, que "desbloquear" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) podría ayudar también a mejorar la situación de estos profesionales.

Por ello, ha mostrado su posición favorable a la mejora de las condiciones laborales en la Policía Nacional y la Guardia Civil pero ha huido de situar la desigualdad laboral como una "cuestión de desigualdad territorial".

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