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12 enero 2024
Ep.
El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Manuel J. González Andrade, ha pedido este viernes que la Junta de Extremadura publique un "compromiso firme de financiación a los ayuntamientos" que permita continuar con el servicio de ayuda a domicilio, en lugar de la "carta de buena voluntad" y "sin ninguna validez jurídica" que recibieron este pasado jueves del Ejecutivo regional.
Esta misiva, según ha explicado en rueda de prensa en Mérida González Andrade, supone que los alcaldes tendrán que "confiar con buena fe en las buenas intenciones de la Junta de Extremadura" para que el servicio se continúe prestando, ya que los regidores de los 27 municipios afectados no disponen de una resolución "con validez jurídica" que indique la cantidad presupuestaria de la que podrán disponer, como sucedió, según ha recordado, en diciembre de 2022.
Para el presidente de Fempex, dicha resolución permitió a estos alcaldes "consignar presupuestariamente" en sus presupuestos, las cantidades referidas en el documento, ya que "se pueden vincular fondos municipales a los fondos que van a llegar" como ocurre "con multitud de servicios" con los que se tiene la "certeza de que van a llegar".
Cabe recordar que este pasado miércoles, la Consejería de Salud y Servicios Sociales compareció para aclarar que todos los municipios eran conocedores del cambio del sistema y que, por tanto, los ayuntamientos que han dejado de realizar la ayuda a domicilio desde el 1 de enero lo han hecho "unilateralmente", pese a que los fondos están "garantizados" y se recibirán en el primer trimestre del año.
En este sentido, González Andrade, que también es alcalde de Olivenza, ha instado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a "poner orden en su Gobierno" y a "reprobar", también, a la directora del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), Estrella Martínez, por las "acusaciones gravísimas" de "dejación de funciones", a la hora de prestar ese servicio, contra los regidores de Guareña y Villanueva del Fresno.
Asimismo, tras recordar que "más de 800" usuarios dependientes y "más de 250 trabajadoras" se ven afectadas por esta "incertidumbre", el presidente de la Fempex ha deseado que Martínez "algún día pueda ser alcaldesa o concejala" para saber lo que cuesta "mirar a los ojos a los mayores" que perderán el servicio y "reunir al grupo de trabajadoras, porque principalmente son mujeres, para decirles que su contrato termina antes de lo previsto" por "falta de consignación presupuestaria".
UN PROGRAMA QUE "NO SE HA APROBADO"
En relación al nuevo Programa de Colaboración Econónica Municipal, González Andrade ha reiterado que "no se ha aprobado en el Consejo de Política Local", al tiempo que ha asegurado ni saben en qué consiste el mismo ni se ha debatido en los grupos de trabajo.
Ello supone, según ha lamentado el presidente de Fempex, una manera de "dinamitar el espíritu de la Ley 3/2019, que es la Ley de Garantía Municipal", al tiempo que esta "falta de previsión" y "planificación de la Junta de Extremadura" ha "roto el diálogo entre las administraciones".
Para que este programa esté aprobado, según ha precisado el oliventino, es necesario convocar a los grupos de trabajo de la Conferencia Política; llevar un borrador de cómo quieren articular ese programa del que, insiste, no saben "nada; presentarlo en el Consejo de Política Local y después en el Consejo de Gobierno, y, finalmente, publicarlo en el DOE.
Sobre el argumento del Ejecutivo regional de que no se han podido convocar los grupos de trabajo porque la Fempex no se había renovado, González ha aclarado que sí se podía haber reunido al de Servicios Sociales y Personas Mayores de la legislatura anterior, ya que salvo una de sus integrantes, el resto eran alcaldes o concejales.
Por otra parte, el presidente de Fempex le ha pedido a Guardiola que "recapacite y reflexione" sobre el "recorte de 100.000 euros" del Servicio de Prevención Mancomunado de la federación que se presta en materia de riesgos laborales al mundo rural y a las mancomunidades.
Este recorte de "41 por ciento" supondrá, según ha lamentado González Andrade, que no se podrá prestar "el mismo servicio" a los 45 municipios de Cáceres y 31 de Badajoz, de menos de 1.500 habitantes, porque tendrán que "prescindir de tres (de los siete) trabajadores".
