08 febrero 2023
El XIV Encuentro Cívico Iberoamericano, que ha reunido en Mérida a representantes de 17 países y de más de 2.600 organizaciones de la sociedad civil, ha demandado más participación como "pieza clave" en defensa de los derechos humanos y la democracia.
En concreto, este encuentro es previo a la Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de Gobierno que se celebrará en marzo en República Dominicana, donde la organizaciones participantes han puesto el foco en los "enormes" desafíos en términos de derechos humanos y calidad democrática.
Así pues, según datos de Civicus, en la inmensa mayoría de los países de Iberoamérica se registran restricciones del espacio cívico. Tal contexto exige un "refuerzo urgente de los vínculos entre la sociedad civil y el Estado", según indica esta organización en una nota de prensa.
De este modo, en palabras de Cristina Prego, de la Mesa de Articulación de las ONG de América Latina y el Caribe, en estos países se vive una situación "muy preocupante" que afecta directamente a sus democracias; por lo que es "urgente" tomar medidas que garanticen "un cambio de rumbo".
El análisis que se ha realizado deja claro que es necesario "fortalecer la democracia, garantizar los espacios de participación ciudadana y el fin de la criminalización de activistas sociales". También es "urgente" garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas que, a su vez, deben "diseñarse y aplicarse con un enfoque de justicia".
Algunas de las recomendaciones consensuadas en este encuentro presentan propuestas concretas para mejorar la situación y cambiar la tendencia. En primer lugar, es necesario fortalecer el Estado de derecho y la democracia: garantizar los derechos humanos, de manera universal, es "crucial", señalan, para salir de esta situación.
Los estados deben asegurar los derechos y libertades de reunión, asociación y expresión; y la "criminalización" de activistas y defensores de derechos humanos debe acabarse, suscriben.
Además, apuestan por tomar "todas las medidas necesarias" para que la ciudadanía participe activamente y como "actor de derecho propio" en la construcción y el seguimiento de las políticas públicas.
La declaración incluye una "petición específica" a la Secretaría General Iberoamericana y a los jefes y jefas de Estado y de gobierno: "deben asumir un rol de impulso y monitoreo de las propuestas de la sociedad civil".
Reclaman también que los encuentros de la sociedad civil tengan lugar en el mismo país en el que se celebra la Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de gobierno; y participar presencialmente en esa cumbre.
Finalmente, según Alejandra Solla, representante de la Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil, "estos encuentros son esenciales para garantizar que la opinión y contribución de la sociedad civil es tenida en cuenta en la construcción de las políticas públicas. La reducción de la calidad democrática en nuestros países exige medidas consensuadas que garanticen los derechos humanos", ha sentenciado.
