28 abril 2022 | Publicado : 00:45 (28/04/2022) | Actualizado: 01:00 (28/04/2022)
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha comunicado el registro en la Asamblea por parte de los 'populares' de la petición de comisión de investigación sobre la contratación de emergencia en Extremadura desde marzo de 2020 hasta ahora.
Asimismo, Teniente ha insistido en que esta iniciativa es una oportunidad para que la Junta -que dice tenerlo todo claro- se explique y aporte los detalles sobre una serie de procesos en los que "lo único que vemos son sombras".
Junto con ello, se ha mostrado segura de que la propuesta será aceptada, ya que "todo está bien, según Vergeles", que ha llegado a decir que es un ejemplo de cómo hacer las cosas.
El objetivo es aportar toda la transparencia posible a los contratos de emergencia de la Junta y el sector público empresarial desde el inicio de la pandemia.
La portavoz ha explicado que, siendo conscientes de que nunca se ha vivido una situación similar, y que obligó a formalizar miles de contratos por un procedimiento urgente, estos "no pueden estar exentos de fiscalización".
Asimismo, ha insistido en que el uso de una vía rápida no es licencia para saltarse los principios básicos que rigen la acción del gobierno en un Estado de Derecho, y tampoco se puede abusar de la fórmula de contratos de emergencia tras las seis oleadas del covid.
Para Teniente, la obligación de la Junta era regularizar esos procesos, pasado el peor momento de las crisis sanitaria: "no podemos permitir que el covid se pueda convertir en una excusa para adjudicar a dedo", o que se incumplan los plazos y requisitos que estas adjudicaciones urgentes tienen que cumplir en materia de transparencia.
El Grupo Popular ha detallado que hay 522 contratos de emergencia en Extremadura por valor de 176 millones de euros; 408 de estos contratos son relativos a suministros, por valor de 90 millones de euros.
En ellos, se observan aspectos cuando menos "curiosos" que exigen una explicación, ha revelado Teniente. Sin ánimo de prejuzgar, el GPP ha asegurado que, por ejemplo, ha habido compras de mascarillas FPP2 con una diferencia de seis días y en las que se ha pasado de pagar un euro a pagar 6,5 euros.
CONTRATO DEL TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE
Entre todos los contratos por la vía de emergencia, Cristina Teniente ha destacado el correspondiente al servicio de transporte sanitario terrestre, tramitado por por la vía rápida y con un importe superior a 39 millones de euros, algo que ha calificado de "una auténtica barbaridad".
En este sentido, ha incidido en que se dio un contrato de este calado "a dedo, sin publicidad y sin concurrencia" cuando ya había pasado la sexta ola. "Esto es una discrecionalidad, un abuso y un dedazo como nunca se había visto en la región", ha aseverado.
Abundando en las irregularidades, Teniente ha señalado que Extremadura está en rojo en todos los semáforos de transparencia en la pandemia, también en los plazos de publicación de los procedimientos contractuales.
Y es que, como ha dicho la portavoz, hay indicios de que "algo pasa". Así, se ha preguntado por qué empresas que han sido adjudicatarias se habían constituido semanas antes de la adjudicación, por qué no se ha exigido cierta solvencia técnica o por qué hay empresas que se repiten una y otra vez en detrimento de otras.
