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Aumentan en Extremadura los delitos contra el orden público y las estafas por Internet

En cuanto a violencia de género y doméstica, se han incoado 515 procedimientos penales, que es una cifra un 31,43% inferior a la de 2019.

27 septiembre 2021 | Publicado : 13:09 (27/09/2021) | Actualizado: 18:01 (27/09/2021)

Ep.

Los delitos contra el orden público han crecido en Extremadura durante 2020 en un 61% debido a la situación de pandemia que ha hecho disparar las resistencias y desobediencias a los agentes de la autoridad relacionadas con el cumplimiento de las medidas sanitarias. Además, también han aumentado los delitos de estafa relacionados con Internet y las nuevas tecnologías, que han subido un 44,10% hasta registrarse un total de 1.235 casos.

"Este delito tendrá un serio incremento en el futuro aunque volvamos a la normalidad", ha augurado el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, durante el Acto de Apertura de Año Judicial que ha tenido lugar este lunes en Cáceres y donde ha dado a conocer los datos de la Memoria de la Fiscalía extremeña del 2020, cuyo trabajo se ha visto alterado de forma "esencial" por la situación de pandemia.

Montero Juanes ha recordado que en 2020 se suspendieron un total de 3.192 actos orales frente a los 4.611 celebrados, lo que supone un porcentaje "inasumible" pero que está "plenamente justificado" por la situación sanitaria vivida por el coronavirus.

En el ámbito propio de la Fiscalía del TSJEx, en la Sala Civil y Penal se han mantenido unos ratios similares a los de 2019, mientras que en lo Contencioso Administrativo el trabajo se ha incrementado un 800%, ya que se ha pasado de 4 asuntos en 2019 a 33 en 2020, debido a las competencias que asumieron estas salas de ratificación de las medidas limitativas de derechos fundamentales por parte de las autoridades sanitarias.

La estadística de la Memoria de Fiscalía del TSJEx también refleja la situación de los diferentes estados de alarma, confinamientos perimetrales y otras medidas decretadas por la pandemia, de manera que se ha producido un descenso del 27,13% del número de diligencias previas, de un 16,61% en lo procedimientos abreviados incoados, un 11,7% las diligencias urgentes y de un 16,05% los delitos leves.

En procedimientos sumarios y en tribunal de jurado las cifras se mantienen en 38 "si bien son escasos", ha reconocido del fiscal superior, que ha añadido que las calificaciones por procedimiento por delito han disminuido un 17,7%, pasando de 4.956 a 4.128. En general, se ha producido un descenso de todos los hechos delictivos contra las personas, de tráfico o del patrimonio, según los datos ofrecidos por Montero.

MENOS DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

En cuanto a violencia de género y doméstica, se han incoado 515 procedimientos penales, que es una cifra un 31,43% inferior a la de 2019, que podría "estar alterada" por esa dificultad de denunciar de la víctima debido a los confinamientos y las limitaciones de movilidad por la pandemia.

"Como fiscal lamentaría que estas circunstancias hayan contribuido a que determinados hechos delictivos, sobre todo los que afectan a bienes personales, no sean perseguidos por la dificultad de interponer las denuncias y que esto contribuya a la impunidad delictiva", ha indicado en su intervención.

También ha destacado que la situación vivida por las personas mayores ingresadas en residencias durante la pandemia, ha recibido una especial atención por parte de la Fiscalía que se hizo presente a través de la red de fiscales especialistas en atención a personas mayores del territorio nacional, ha propiciado que ese colectivo vulnerable "haya estado protegido de una manera especial desde un primer momento", ha dicho Montero en su intervención en el acto.

En esta faceta de los fiscales de defensa de los derechos de las personas más vulnerables, ha destacado la entrada en vigor de la ley 8/21 de 2 de junio que ha supuesto una "modificación radical" del marco legal de la discapacidad para adaptarla definitivamente a la Convención de Nueva York de 2006, de manera que toda persona tiene plena capacidad para desenvolverse jurídicamente por lo que se defenderá su absoluta autonomía de voluntad.

El acto de inauguración del Año Judicial en Extremadura ha comenzado con la intervención del secretario de Gobierno del TSJEx, Domingo Bujalance, que ha puesto de relieve el trabajo realizado por las distintas Oficinas Judiciales extremeñas dirigidas por los 103 letrados de la Administración de Justicia, 62 en Badajoz y 41 en la de Cáceres y el resto de personal funcionario.

Bujalance ha destacado la gestión "totalmente digital" de los procedimientos digitales que ha permitido mantener los estándares de calidad, incluso en los peores momentos de la crisis sanitaria. Así, en 2020, a través de la plataforma digital desde las oficinas judiciales se han llevado a cabo 1.989.598 notificaciones a profesionales y servicios jurídicos en las administraciones públicas.

Se han presentado 408.520 escritos de trámite, 72.128 demandas, y las fuerzas de orden público han registrado 19.663 atestados, y se han realizado de forma telemática 3.246 juicios. En los indicadores procesales, se puede decir que los 91 órganos de la Administración de Justicia extremeña se han presentado 95.591 asuntos y se han resuelto 92.154, es decir el 96% de los asuntos presentados.

Además, los jueces extremeños han dictado 25.416 sentencias y 43.857 autos definitivos, mientras que los letrados han dictado 21.046 decretos definitivos, ha desgranado Bujalance, que ha destacado que solo en lo que va de septiembre, ya se han librado vía telemática 219.213 notificaciones, y se han presentado 56.419 escritos de trámite.

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