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Ecologistas en Acción Extremadura valora archivo del expediente de mina de Alconchel

Pero, desconfía al comprobar que el archivo del expediente, además de no ser firme, es producto del "desistimiento" de la empresa promotora

05 febrero 2021

Ecologistas en Acción de Extremadura ha recibido con "satisfacción" la noticia del archivo de la solicitud del permiso de explotación de la Mina Gato Montés, en los términos municipales de Alconchel, Olivenza y Táliga, dictado por una resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica.

No obstante, la organización ecologista también ha mostrado su "desconfianza" al comprobar que el archivo del expediente, además de no ser firme, es producto del "desistimiento" de la empresa promotora (Río Narcea Níckel, S.A.) en completar la documentación requerida, por lo que puede ser "meramente temporal", y no se trata de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa del proyecto, que sí supondría su "verdadero abandono".

Ecologistas en Acción de Extremadura ha recalcado en nota de prensa que, como ha quedado "claro desde las primeras alegaciones" presentadas a esta solicitud en abril de 2018, cuando el alcalde de Alconchel, Óscar Díaz Hernández, abrió un plazo de diez días para ello, toda la tramitación del procedimiento "ha venido adoleciendo de graves irregularidades y múltiples incumplimientos".

Ejemplo de algunos de ellos son el "insuficiente plazo municipal" otorgado para formular las alegaciones o las "dificultades y trabas" impuestas en el acceso a la documentación cuando se efectuaron consultas públicas a nivel autonómico.

La asociación cree que, a día de hoy, es "evidente" que este proyecto es "totalmente inviable desde el punto de vista urbanístico", ya que en él se incluyen suelos calificados como "urbanos directos y como suelos no urbanizables protegidos, lo que ha motivado diferentes maniobras con objeto de solventar estos inconvenientes".

"Abundando en estas irregularidades de tramitación, tan sólo se realizó consulta pública del proyecto en la localidad de Alconchel, cuando este afecta también a los términos municipales de Olivenza y Táliga", ha apuntado.

Asimismo, los "insalvables" impactos ambientales de esta explotación en el entorno natural, muy especialmente en las áreas próximas a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Red Natura 2000, abundan también en su "inviabilidad".

Ecologistas en Acción subraya que "el estudio de la documentación del proyecto, tanto la edulcorada que se presentó a trámite como la real manejada por la empresa promotora, pone de manifiesto graves riesgos y carencias en la prevención del deterioro de los espacios protegidos, en la protección hidrológica de una parte importante de la comarca y en la preservación del yacimiento arqueológico del Cabezo de las Herrerías, como los más destacables de entre muchos otros".

Por ello, la asociación ecologista ha recalcado que todo ello hace que este proyecto sea "absolutamente incompatible con un futuro desarrollo social y económico sostenible de Alconchel, algo que han visto con claridad sus habitantes y que ha motivado una gran presión social en su contra", destacando el intenso trabajo" de la Plataforma Alconchel Sin Mina.

En este sentido, Ecologistas en Acción de Extremadura ha resaltado que continuará "muy pendiente" de la futura trayectoria de este proyecto de explotación porque no cree que este termine con la resolución de archivo del expediente anteriormente citada, ya que esta supone "tan sólo una paralización temporal del procedimiento a instancias de la empresa Río Narcea Níckel y no la denegación definitiva de la autorización".

También ha expresado su "asombro y disconformidad" con la actuación de la administración regional a la hora de notificar la resolución emitida, pues "tan sólo el Ayuntamiento de Olivenza la ha recibido por vía oficial, pero no ninguna de las otras partes interesadas".

Junto con ello, ha considerado que "la resolución de archivo del expediente del proyecto minero Gato Montés pone en evidencia el desprecio de las empresas mineras por la legislación ambiental, al presentar estudios y proyectos descaradamente defectuosos a sabiendas de que cuentan con la desidia -cuando no connivencia- de la administraciones públicas, que los admiten a trámite sin objeciones".

Pero ejemplifica también, ha valorado, la "capacidad de la ciudadanía" para "obstaculizar y llegar a impedir" la ejecución de estos "destrozos ambientales cuando ejerce una labor de fiscalización de la acción de sus administraciones y denuncia su incompetencia o dejadez, algo que cada día se demuestra más necesario ante la creciente avaricia de las empresas mineras, que han fijado sus objetivos en Extremadura, animados por las facilidades y agilización de trámites que les ofrece su gobierno".

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