La Asamblea convalida decreto para la reactivación económica en materia de edificación

Rd./Ep.

La Asamblea de Extremadura ha convalidado este jueves el Decreto-Ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación económica en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido económico y social de Extremadura para afrontar los efectos negativos de la Covid-19.

El decreto, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de mayo, ha recibido este jueves en el pleno de la Asamblea los votos a favor del Grupo Parlamentario Socialista y Ciudadanos y con la abstención del Grupo Parlamentario Popular y el Unidas por Extremadura.

En su turno de intervención, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio del Territorio, Begoña García Bernal, ha puesto en valor el decreto de medidas urgentes para afrontar los efectos negativos de la Covid-19, al suponer una “proyección consensuada” de futuro para la reactivación económica de Extremadura.

La Junta ha presentado el decreto a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), las mancomunidades, diputaciones provinciales y en comisión parlamentaria, según ha explicado, al tiempo que ha subrayado el carácter participativo del mismo, que haya estado sometido a un proceso de comunicación muy importante con toda la administración local y sea aplaudido por organizaciones como la Federación de Empresas de la Construcción (FECONS) y el Colegio de Arquitectos.

A su vez, las medidas incluidas en el mismo persiguen generar puestos de trabajo, dinamizar la economía y fijar población en áreas rurales, aportando nuevas herramientas para reestablecer conexiones perdidas en materia de empleo, y crear nuevas oportunidades en la región, estimulando flujos económicos y sociales, tal y como ha precisado la responsable de Agricultura y Ordenación Territorial de la Junta.

Entre otras acciones que posibilitará el decreto, Begoña García destaca la descentralización de trámites que permitirá en municipios de más de 5.000 habitantes, aportándoles herramientas de seguridad jurídica a través de las oficinas de urbanismo locales, según informa la Junta en una nota de prensa.

SALUD Y CALIDAD DE VIDA

A este respecto, ha expuesto que la adaptación de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS) a la nueva realidad permitirá a ayuntamientos y mancomunidades conceder directamente permisos y agilizar plazos para calificar actividades económicas en zonas rurales, aportándoles herramientas de seguridad jurídica.

Asimismo, García Bernal ha destacado que las medidas contempladas buscan la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, facilitando inversiones productivas en un momento de necesidad.

También, según ha defendido la consejera, la Junta trabaja con el objetivo prioritario de asegurar la salud y la calidad de vida de la población para escenarios futuros con la aplicación del mencionado decreto.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de fijación de posiciones de los grupos, la diputada del PSOE María de la Cruz Buendía ha indicado que es indispensable salir de la crisis de otra forma distinta a la crisis de 2008, en la que se deterioró la vida de muchos ciudadanos.

Por ello, ha abogado por aplicar políticas conducentes a propiciar el bien común y, en este sentido, ha dicho, se enmarca este decreto ley, lo que demuestra el "rigor" con el que ha trabajado la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

Por su parte, el diputado del PP Diego Sánchez Duque ha criticado que este decreto ley no contiene elementos que puedan ser consideradas medidas urgentes ni sus efectos van a ser inmediatos, por lo que ha considerado que no se debería haber tramitado como decreto ley y sí de otra manera para poder contar con las aportaciones de los grupos y de los ayuntamientos.

Además, ha considerado que representa una enmienda a su propia ley, que se aprobó hace poco más de un año, y que "atenta contra los intereses" de la Extremadura vaciada.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha mostrado la posición favorable de su grupo ante este decreto ley, ya que estas modificaciones eran "necesarias y más en estos momentos", ha dicho.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que este decreto ley servirá para poder reactivar la economía extremeña y más en el ámbito rural, además de proporcionar más certidumbres a los alcaldes en materia de gestión urbanística.

Finalmente, en el turno de Unidas por Extremadura, la diputada Irene de Miguel, ha criticado que la Junta, "aprovechándose de su mayoría absoluta", se ha servido para "manosear" la Lotus.

Así, aunque ha indicado que su grupo está de acuerdo con la agilización de trámites, ha lamentado que haya tenido que venir una pandemia mundial para que la Junta se dé cuenta de que los trámites administrativos relacionados con el urbanismo eran "insostenible".

CONTENIDO DEL DECRETO LEY

Asimismo, junto a la agilización de plazos administrativos, la modificación también afecta a la regularización de asentamientos de viviendas en suelo rústico.

Además, actividades como casas rurales, industria agrícola, actividades culturales, educativas de investigación, producción de energías renovables de hasta 5 Mw y residenciales autónomos, entre otras, son usos compatibles y que pueden ser permitidos en el medio rural, contribuyendo de esta forma a fijar la población al territorio.

Con este decreto, se ponen de forma inmediata a disposición de los ayuntamientos una serie de instrumentos ágiles que sean capaces de dar respuesta a las necesidades que surgen de la actual crisis.

Entre las principales novedades que introduce el decreto ley, se plantea la descentralización de trámites en municipios de más de 5.000 habitantes o que pertenezcan a mancomunidades que tengan oficinas de gestión urbanística, dotándolos de unas reglas que les den seguridad jurídica para poder calificar actividades en el medio rural.

NOVEDADES

A partir de ahora, serán los ayuntamientos y las mancomunidades los que concedan los permisos, lo que reducirá los plazos. Así, la tramitación de un nuevo plan general que adapte la normativa municipal, por ejemplo, a la instalación de una planta fotovoltaica, se puede prolongar durante un año, plazo que ahora se suprime.

Y es que se fija un marco jurídico para las actividades que, por novedosas, no se encontraban recogidas en el planeamiento urbanístico y que obligaban a adaptaciones de planeamiento largas.

Por otra parte, se establece que la licencia de primera ocupación para vivienda tendrá silencio administrativo positivo si no hay notificación de resolución alguna dentro de un mes de plazo, y además se clarifican los supuestos para las comunicaciones previas.

Además, se crea un régimen transitorio flexible para la adaptación a la ley de los municipios de más de 10.000 habitantes para facilitar los trabajos de asunción de los preceptos legales, a la vez se establecen criterios para los que cuenten con menos de ese número de habitantes.

Igualmente, se disponen medidas, como la aprobación de planes especiales, que faciliten, aceleren y flexibilicen la regularización de asentamientos en suelo rústico por parte de los ayuntamientos.