Asociaciones ecologistas urgen cumplimiento ley y derribar complejo Marina Isla Valdecañas

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Las asociaciones ecologistas WWF, Ecologistas en Acción, SEO BirdLife, Greenpeace y Amigos de la Tierra han exigido el cumplimiento de la ley en relación al complejo turístico Marina Isla de Valdecañas y que, por lo tanto, se proceda ya a su derribo, toda vez que no contemplan que la justicia se pronuncie de forma diferente a como lo ha venido haciendo en este caso.

Las cinco organizaciones ambientales nacionales han mostrado este jueves en Mérida (Badajoz) su apoyo al trabajo "en defensa de la legalidad" realizado en Extremadura por las organizaciones Adenex y Ecologistas en Acción, algo que, según el coordinador de nacional de esta última, Paco Segura, les ha supuesto un coste humano "tremendo".

Así, Segura ha indicado que, en todo este proceso, ha habido ciudadanos que han tenido que abandonar sus pueblos debido a "amenazas" por defender el entorno mientras que ha criticado que la administración "se ha puesto de perfil sin asumir sus responsabilidades".

En esta línea, ha criticado el hecho que las administraciones se "han empeñado en apoyar" un proyecto "claramente ilegal desde el principio" y que ha calificado como un "engendro planteado fuera de los límites legales".

HITOS LEGALES

En su intervención, Segura ha realizado un recorrido por los hitos legales que han rodeado el proceso y, entre los que destaca que, en 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) anuló el decreto de ciudades mixtas.

Tras, él, en 2011, se produce la "primer sentencia nítida", en la que el TSJEx anuló el decreto que permitía el PIR de Marina Isla de Valdecañas. En esta misma sentencia, a las organizaciones ecologistas les impusieron una fianza de 41 millones de euros, "impagable" para ellas, para paralizar cautelarmente la obra.

Asimismo, en enero de 2014, el Supremo confirmó "todos y cada uno de los términos" de la sentencia del TSJEx y en enero de 2019 el informe de la Estación Biológica de Doñana determinó "nítidamente" que la mejor opción ambiental era "desmantelar esa urbanización ilegal".

Finalmente, en noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el cambio en la Ley del Suelo de Extremadura que "intentaba legalizar la urbanización a posteriori".

"No se puede urbanizar en Red Natura 2000, esta urbanización es ilegal desde el principio", ha aseverado el coordinador de Ecologistas en Acción.

DEFENDER EL "BIEN COMÚN"

Por su parte, la directora ejecutiva de SEO BirdLife, Asunción Ruiz, también ha agradecido el trabajo realizado y la "valentía" de las organizaciones Adenex y Ecologistas en Acción por lo que significa defender "el bien común".

En esta línea, Ruiz ha valorado el momento de cambio en el que se encuentra la sociedad y el hecho de que España contará en la presente legislatura con una vicepresidencia para la Transición Ecológica, por lo que ha instado a acabar con los "pelotazos" y con no "tener respeto al medio rural".

"Este no es el modelo de desarrollo rural que se necesita y más en un lugar como Extremadura, donde el mayor capital social, lo que le hace competitivo y excelente es su capital natural y es lo que le va a dar futuro a la gente del medio rural", ha dicho.

Asunción Ruiz también ha instado a la administración a cumplir la ley, ya que no vale hacer "trampas", ante lo que ha criticado que aún no se haya llevado al entorno de Valdecañas a su estado inicial antes de construir Marina Isla de Valdecañas a pesar de que se han dictado "sentencia tras sentencia".

En esta línea, ha expuesto que cumplir con la sentencia y derribar el complejo turístico, ya que entiende que la justicia volverá a dar la razón a las organizaciones ecologistas, va a "expoliar" las arcas de la Junta de Extremadura.

A lo que se sumará, ha dicho, haber "empobrecido" el capital natural de la zona, que tardará mucho tiempo en ser y tener los valores ambientales de los que gozaba, ha asegurado.

En relación al coste de derribar Valdecañas, las asociaciones ecologistas han indicado que ni por asomo ascendería a los 34 millones, como se estima, y han añadido que dicho coste podría ser asumido, como ocurre en algunos casos, entre comunidad autónoma y Estado.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY

En el turno de Greenpeace, su director, Mario Rodríguez Vargas, ha compartido su agradecimiento a las organizaciones ambientales extremeñas por su trabajo en relación al complejo de Valdecañas y ha recordado que el proceso judicial ha llegado hasta el Constitucional, que ha establecido que es "ilegal".

Rodríguez ha recalcado que el caso extremeño no es el único y ha aludido al hotel El Agarrobico, ubicado en Almería, y que cuenta con 18 sentencias que ordenan un derribo que aún no se ha llevado a efecto.

Asimismo, ha lamentado que cuando se producen situaciones así se quiera "matar al mensajero", en relación a las organizaciones ecologistas que "ni más ni menos" exigen que se cumpla la ley y que, en ocasiones, son enfrentados "con la gente del mundo rural".

"Nadie pensó en la gente del medio rural cuando se hizo esta urbanización, nadie, ni la promotora, ni nadie, y nadie le dijo a la promotora ni a los que compraban las casas que era una zona protegida o sí y no hicieron caso", ha recalcado.

Además, ha asegurado que a las organizaciones ecologistas "no se les pasa por la cabeza" que, después de la sentencia del Constitucional, el TSJEx se pronuncie de forma diferente a las sentencias ya dictadas, por lo que ha reclamado a la Junta que cumpla la ley.

CAMBIAR EL MODELO DE DESARROLLO

La coordinadora de la asociación Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, ha considerado que el caso de Marina Isla de Valdecañas es "paradigmático" de un modelo de desarrollo que en tiempos de "emergencia climática" y de "colapso de la biodiversidad" no puede continuar.

Por ello, ha abogado por cambiar el modelo de desarrollo y que proyectos como este, destinados a una "élite", que "no generan riqueza" y producen un "daño claro y evidente" al ambiente no son los necesarios.

En esta línea, ha huido de enfrentar desarrollo económico con la conservación ambiental, ante lo que ha añadido que las oportunidades económicas y de empleo de Extremadura están precisamente en la conservación y gestión de los entornos medioambientales y no en proyectos "elitistas y destructivos".

Asimismo, ha considerado Ruibal que es "absolutamente insensato" seguir insistiendo en contra de la ley en un proyecto como el de Marina Isla de Valdecañas.

VALDECAÑAS COMO "PUNTO NEGRO" EN EL MAPA DE LOS CONFLICTOS AMBIENTALES

Finalmente, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha explicado que la principal razón de este acto en Extremadura es agradecer y mostrar su respeto hacia el trabajo de las asociaciones extremeñas Adenex y Ecologistas en Acción en relación a Valdecañas, que figura como ejemplo de "punto negro" en el mapa de los conflictos ambientales.

También ha dicho que Valdecañas representa un "precedente muy peligroso" para el resto de España, porque se concibió como un "proyecto piloto a extender" a otros enclaves estos "guetos de lujo" en un contexto "de pelotazo".

"Pocos casos en España tienen una acumulación tan brutal de sentencias recurrentes, pocos casos en España son tan claros como este Algarrobico extremeño, y creemos que corresponde que la administración cumpla con la ley. Estamos seguros de que los tribunales van a seguir dándonos la razón en esta línea", ha indicado.

Asimismo, y preguntadas las asociaciones por la posibilidad de que la Junta solicite al TSJEx que, antes de dictar sentencia, eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las asociaciones ecologistas han enmarcado este hecho en una estrategia de dilatar el proceso aunque se han mostrado seguros de que el resultado "va a ser el mismo".