20 mayo 2019
Ep.
La calificación global del Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura ha caído cuatro décimas en 2018 respecto al año anterior.
Así, la región ocupa el puesto número 11 en la clasificación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo del sistema de servicios sociales, con una puntuación de 4,75, según los resultados del Índice DEC 2018, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
En materia de enunciado de derechos y ordenación del sector, la aprobación en 2015 de una nueva Ley de Servicios Sociales supuso un paso "imprescindible" para fundamentar el desarrollo del sistema.
No obstante, tres años después su falta de desarrollo, sin haber aprobado aún el Catálogo que concrete los derechos reconocidos en la misma, limita la eficacia de este nuevo texto legal.
La ausencia de planificación estratégica es otra limitación importante para el desarrollo del Sistema y la no incorporación de los servicios sociales de ámbito local en la gestión del Sistema de Atención a la Dependencia es otra deficiencia en la ordenación del Sistema de Servicios Sociales en Extremadura, según ha indicado la asociación.
RELEVANCIA ECONÓMICA
La relevancia económica de los Servicios Sociales en Extremadura, sigue siendo "muy superior a la media estatal; en 2018 registra incremento de gasto respecto a anteriores ejercicios, si bien en términos relativos pierde peso (en relación con el PIB y con el gasto global de las Administraciones Públicas) aunque mantiene la calificación de Excelente.
Respecto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, Extremadura ha logrado en los últimos años una evolución "muy positiva" de sus Sistema de Atención a la Dependencia, de manera que se encuentra por encima de la media tanto en la cobertura que ofrece en relación con las personas potencialmente dependientes en esa Comunidad, 11,19 por ciento (10,07% media estatal), y también, por primera vez, en su nivel de desatención -Limbo de la Dependencia-, con un 12,5 por ciento, muy por debajo del 19,2 por ciento que es la media estatal.
En materia de Rentas Mínimas de Inserción Extremadura sigue siendo una de las comunidades con menor cobertura, ya que benefician solo a un 4,7 por ciento de su población por debajo del umbral de la pobreza (media estatal: 8,0%), mostrando una evolución "muy irregular" de este indicador, ya que tras dos años de crecimiento espectacular (2014 y 2015), los dos siguientes han sido de un retroceso casi tan acusado (2016 y 2017).
Sin embargo, Extremadura es la comunidad en la que la cuantía de estas Rentas es "más elevada", ya que la percepción media representa un 31,46 por ciento de la media de la renta en esa comunidad, mientras que la media estatal es del 13,21 por ciento.
Extremadura también se sitúa por encima de la media estatal en plazas residenciales de financiación pública para personas mayores de 65 años, con una cobertura del 4,14 por ciento, frente al 2,47 por ciento de media estatal, y en plazas de centros de día, con una cobertura de 2,24 por ciento (media de 1,09%).
Por el contrario, sus déficits de cobertura en servicios para personas mayores se registran en los servicios domiciliarios, con una ratio "muy débil" tanto en el Servicio de Ayuda a Domicilio (3,18% frente a 4,2% de media) como en la Teleasistencia domiciliaria, con la cobertura "más baja" de todas las comunidades (1,0% frente a 9,29% de media estatal).
Asimismo, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha situado como uno de los déficits "más preocupantes" de la región el "escaso desarrollo" de su red de servicios sociales de atención primaria (básicos o comunitarios), con solo un profesional por cada 3.592 habitantes, una de las ratios más bajas de todas las comunidades, y muy inferior a la media que es de 2.348.
Por último, según esta asociación, no se conocen los datos de cobertura de servicios residenciales para personas con discapacidad, ni plazas para mujeres víctimas de violencia de género, por lo que no se valora la cobertura en esos aspectos.
DESEQUILIBRIOS Y RETOS
El "principal desequilibrio" estructural del Sistema Público de Servicios Sociales en Extremadura sigue siendo la "ratio tan baja" en la relación cobertura/gasto, que evidencia que Extremadura es la comunidad "menos eficiente" en la gestión de sus servicios sociales.
Por su parte, el "principal reto" que tiene Extremadura en materia de servicios sociales sigue siendo analizar su Sistema Público para detectar las circunstancias que limitan su eficiencia y que hacen que esta sea la más baja de todas las comunidades.
"El escaso protagonismo local en la gestión de los servicios sociales en esta comunidad, la débil dotación de profesionales en sus estructuras básicas y la inadecuada integración de la atención a la dependencia en el Sistema de Servicios Sociales, que impide aprovechar sus sinergias, pueden ser algunas de las causas de esta baja eficiencia", ha apuntado.
Por ello, como ha indicado, en la nueva legislatura, Extremadura tiene como prioridad desarrollar su Ley de Servicios Sociales, aprobando el Catálogo que concrete los derechos reconocidos, así como la planificación, que constituyen las referencias jurídicas y de racionalidad para el desarrollo del Sistema.
Otras prioridades para la próxima legislatura en Extremadura son ampliar la cobertura de sus Rentas Mínimas de Inserción y reforzar los servicios sociales domiciliarios, en los que presenta déficits "muy significativos".
Por último, Extremadura debe replantearse la implicación de las entidades locales en la gestión del Sistema de Atención a la Dependencia.
DATOS NACIONALES
A nivel nacional, la evolución de los servicios sociales se ha "estancado" en España y faltan 1.300 millones de euros anuales para recuperar la inversión anterior a la crisis.
El informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que se ha presentado este lunes en Madrid, revela que los primeros años de la última legislatura en las distintas comunidades autónomas fueron "positivos" para los servicios sociales pero precisa que al final de la misma se han observado "síntomas de estancamiento".
"Los servicios sociales siguen en un proceso de estancamiento en España y todavía no se ha recuperado el nivel de inversión social previo a la crisis, faltaría recuperar 1.300 millones de euros, fundamentalmente porque no se han recuperado los recortes inmisericordes que produjo el Gobierno de España en 2012 y que suponen especialmente en el Sistema de Atención a la Dependencia un recorte de más de 4.500 millones de euros", ha subrayado el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Respecto a la distribución del gasto en Servicios Sociales entre administraciones, el informe pone de manifiesto que un 61,4 por ciento del gasto procede de la administración autonómica, una cuarta parte, del esfuerzo de la administración local, y un 13,5 por ciento, de la Administración General del Estado.
Además, precisa que esta última es el único nivel que aún no ha recuperado los recortes. Para recuperar esos 1.300 millones de euros anuales, el responsable de análisis económico de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Luis Barriga, ha indicado que España debe llegar "como mínimo" al 2 por ciento del PIB en Servicios Sociales. Actualmente, la inversión supone el 1,57 por ciento del PIB.
"En el resto de países de la Unión Europea y también de la OCDE solo la atención a la Dependencia está en el 2 por ciento del PIB, estamos planteando un objetivo que es cortito para una legislatura", ha precisado, al tiempo que ha insistido en que "los Servicios Sociales son un sector crítico y lo van a ser en las próximas décadas".
