05 febrero 2019 | Publicado : 13:02 (05/02/2019) | Actualizado: 23:58 (05/02/2019)
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En concreto, este decreto es fruto del consenso y del trabajo conjunto con las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y otros agentes de cooperación que constituyen el colectivo destinatario.
Así pues, se pretende con su aprobación seguir mejorando los procedimientos de concesión de las subvenciones, así como "clarificar y agilizar" las tareas de gestión de las intervenciones y su justificación por parte de las entidades beneficiarias.
En esta ocasión, tal y como informa la Administración autonómica, son más de 245 las ONG que se verán afectadas por este nuevo decreto, que además facilitará el acceso a las subvenciones a los agentes solicitantes y contribuirá a consolidar el tejido social de la región, así como al aumento de la contratación en el ámbito de la cooperación en la región.
En la actualidad, las ayudas en materia de cooperación internacional, se encuentran divididas en dos normas.
Por una parte, el decreto 59/2016, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo, en el que se regulan las líneas de cooperación internacional para el desarrollo, tanto por el procedimiento de concurrencia competitiva como de concesión directa, así como la línea de proyectos de educación para el desarrollo.
Por otro lado, el capítulo IV, del título II y las disposiciones generales que resulten de aplicación, del Decreto 36/2014, de 18 de marzo, por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo, en la que se regulan las ayudas para acciones humanitarias.
Por tanto, con la aprobación de esta nueva norma se pretende concentrar en un solo texto legal las cuatro líneas de ayudas, tramitadas desde la AEXCID, destinadas a la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, acabando con la actual regulación fragmentada y dotando de una mayor seguridad jurídica y un tratamiento integral y actualizado a estas actuaciones subvencionables.
