Asamblea aprueba la Propuesta de Ley del Estatuto de Personas Consumidoras de Extremadura

Ep.

La Asamblea ha aprobado este jueves la Propuesta de Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras de Extremadura, que entre sus novedades regula nuevamente las conocidas como gasolineras 'low cost' o desatendidas, que a partir de ahora deberán contar con al menos un trabajador durante el día para poder garantizar la atención a las personas con discapacidad.

En realidad, la norma ofrece la posibilidad de que no haya personal, pero en la práctica será improbable que así sea, al menos a corto plazo, puesto que la estación de servicio debería contar con al menos un punto de suministro accesible que permita a un conductor con movilidad reducida repostar sin bajarse del vehículo.

El nuevo estatuto de los consumidores ha sido impulsado por el Grupo Socialista, que presentó una propuesta de Ley para modificar el texto aprobado el año pasado con el fin de adaptarse a la normativa estatal sin invadir competencias garantizando así el libre mercado.

Su aprobación ha sido posible gracias a los votos de Podemos y Ciudadanos, ya que el Grupo Popular se ha abstenido al entender que la norma sigue siendo "inconstitucional" al considerar que sigue invadiendo competencias estatales, en la línea de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que ha obligado al gobierno balear a dar "marcha atrás" a una norma autonómica similar a la aprobada este jueves en el parlamento extremeño, según ha señalado la diputada del PP Magdalena Carmona. El concejal no adscrito, Juan Antonio Morales, ha sido el único que ha votado en contra.

143 ENMIENDAS A DEBATE

Al debate definitivo de esta ley han llegado las 143 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios, de las cuáles Podemos ha presentado 75, el PP 28, Ciudadanos 21, el PSOE 17, y el diputado no adscrito 2.

La cuestión sobre la atención en las gasolineras viene recogida en la disposición adicional primera de la ley, para la cual tanto el PP como el diputado no adscrito han presentado sendas enmiendas de supresión que han sido rechazadas.

El texto aprobado recoge concretamente que en las instalaciones de venta al público al por menor de gasolinas y gasóleos de automoción es obligatorio para la protección y prevención de riesgos de la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias, que en todas ellas mientras permanezcan abiertas y en servicio de horario diurno (de 7,00 a 22,00 horas), deberán acreditar parámetros de accesibilidad en los términos previstos en la normativa de accesibilidad europea equivalente y contar con un dispositivo bidireccional de comunicación con un servicio de atención al cliente.

Subsidiariamente, de no acreditar estos parámetros, se podrán sustituir tales medidas por disponer de al menos una persona responsable que pueda atender a las personas con dificultades de accesibilidad.

Cuando las instalaciones cuya titularidad corresponda a una sociedad que por ley tenga limitada la realización de operaciones con terceros no socios, pero que pueda dedicarse a suministrar directamente gasolinas y gasóleos de automoción a éstos, se considerará que se cumple con lo establecido en cuanto a la accesibilidad siempre que en el horario de apertura al público cuente con una persona trabajadora de la sociedad que responda del servicio que se presta.

A tal efecto, las instalaciones deberán contar con un dispositivo de llamada a disposición de los clientes que les permita requerir la "atención inmediata" del responsable de los servicios.

INVASIÓN DE COMPETENCIAS

Al igual que el diputado no adscrito, la diputada 'popular' ha defendido que esta norma autonómica "invade claramente" las competencias estatales, en tanto que "impide" implantación de gasolineras totalmente automatizadas que la normativa estatal permite, y asimismo considera que "no se soluciona el problema" de atención a personas con discapacidad.

Por este motivo, y bajo una nueva advertencia de que la ley podría ser declarada "inconstitucional", los 'populares' se han abstenido en la votación del texto.

El Grupo Popular, sin embargo, sí ha conseguido sacar adelante su propuesta para que el personal de inspección en materia de consumo que ha estado ejerciendo hasta ahora pueda continuar haciéndolo adaptando su categoría profesional a la estructura que crea la nueva norma.

Asimismo, de acuerdo con todos los grupos de la oposición, así como del propio grupo proponente, el PSOE, se ha suprimido un nuevo órgano, la Comisión de Consumo, al entender que ya existe otro que cumple con funciones similares, el Consejo de los Consumidores, en el que están representados los diferentes colectivos del sector.

Por otro lado, Carmona ha reprochado que el Grupo Socialista no haya contado con las asociaciones de consumidores para la redacción del borrador, una queja que asimismo han reiterado desde el Grupo de Podemos.

El diputado de la formación morada Daniel Hierro ha reiterado además que ya se perdió el año pasado una "oportunidad" para hacer reformas de mayor calado en materia de consumo, una postura que ha quedado afianzada tras escuchar a los colectivos y asociaciones de consumidores durante sus comparecencias en comisión durante el trámite de una ley a la que "le falta mucho consenso".

Finalmente, ha señalado que el nuevo estatuto del consumo de Extremadura "tiene poco contenido y poco sentido" teniendo en cuenta que el PSOE ha presentado su propuesta de ley al final de la legislatura en medio del "tsunami" legislativo que vive en estos últimos meses el parlamento regional, por lo que ha quedado "un texto sin cambios significativos" con respecto al actual.

A su vez, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha subrayado que sus 21 enmiendas pretendían introducir correcciones sustanciadas en las aportaciones de los colectivos de consumidores que han comparecido durante el trámite parlamentario de la norma, con el objetivo de mejorar los derechos de los consumidores, en especial de colectivos más vulnerables, siguiendo pautas de lectura fácil.

Asimismo, Domínguez ha logrado el apoyo necesario para ampliar los plazos de prescripción de las sanciones, en el caso de las muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los tres años y las leves a los dos años.

Desde el grupo socialista, impulsor de la propuesta de ley, la diputada Ana Belén Fernández González ha defendido que se han presentado 17 enmiendas con el objetivo de incluir en el texto inicial las aportaciones de los comparecientes.

Entre las enmiendas aprobadas se encuentra la modificación del texto de toda la ley, con el objetivo de adaptado al lenguaje inclusivo, de tal forma que los usuarios y consumidores finalmente han quedado denominados, incluso en el título de la norma, como personas usuarias y personas consumidoras, respectivamente.

También se ha modificado, a petición del PSOE, la fecha de entrada en vigor del la Ley, que será finalmente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, así como se establece un plazo de seis meses desde entonces para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la misma.