La Ley para una Administración más ágil sigue su trámite parlamentario

Ep.

La propuesta de Ley para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, presentada por el Grupo Socialista, continúa su trámite parlamentario tras superar el debate de la enmienda de totalidad presentada por Podemos, que ha recibido el rechazo del resto de grupos parlamentarios.

De esta forma, la propuesta de ley, que agiliza los trámites administrativos para la instalación de empresas en la comunidad y simplifica los procedimientos burocráticos en la relación de la Administración regional con la ciudadanía, se enviará a la comisión parlamentaria correspondiente para continuar con su tramitación, y donde se escucharán las propuestas de los asociaciones empresariales y colectivos afectados por la misma.

El Grupo Parlamentario de Podemos solicitaba que no continuara tramitándose la propuesta socialista al entender que solo favorece a "grandes empresas" con inversiones iniciales superiores a 20 millones de euros y 50 trabajadores, y no así a la gran mayoría del tejido empresarial extremeño, formado por pequeñas empresas y autónomos.

En el debate celebrado este miércoles en la Asamblea, el Grupo Popular ha votado en contra de la enmienda, pese a compartir con Podemos que no favorece a los pequeños empresarios de la región, con la intención de mejorar la norma a través de enmiendas parciales durante el trámite parlamentario de la misma.

La diputada del Grupo Socialista Ascensión Godoy ha sido la encargada de defender una propuesta de ley en la que, ha señalado, se viene trabajando desde el inicio de la legislatura y que supone la continuación del trabajo desempeñado por la Junta en la agilización administrativa.

En concreto, ha dicho que en este periodo se han simplificado 149 procedimientos administrativos, y que esta propuesta es "más ambiciosa", aplicando el silencio administrativo positivo a favor del ciudadano en 48 trámites administrativos.

Esta reforma, que introduce cambios o se sirve de hasta una docena de leyes en vigor, afecta a cuestiones como el inicio de una actividad empresarial, pero también reforma el funcionamiento ordinario de la propia administración.

En concreto, pretende dar una "solución" a la "ralentización" que sufren los procesos administrativos que en ocasiones tienen un "efecto disuasorio" en los inversores, al tiempo que busca "avanzar en celeridad y flexibilidad", todo ello manteniendo, ha dicho Godoy, el carácter "garantista en todos los procedimientos".

La diputada socialista ha afirmado que se trata de una propuesta de ley "sin precedentes" en otras comunidades autónomas, que contempla medidas concretas para poner fin a "retrasos, costes, duplicaciones y largos plazos de resolución".

Así, entre las ventajas que introduce a las empresas que quieran instalarse en la región, ha afirmado, se incluye la reducción los plazos administrativos "a la mitad", conexión directa a programas de subvenciones o exención de tasas, entre otras.

En cuanto a las medidas de reforma de funcionamiento de la propia administración, pretende "clarificar, simplificar y ordenar" los procedimientos, eliminando fases intermedias y unificando trámites, estableciendo, por ejemplo, un único plazo de exposición pública.

Además, en aras a la transparencia, los expedientes incorporarán el nombre del funcionario encargado del mismo. En definitiva, pretende hacer más "ágil, fácil y cómoda" la relación de la administración con la ciudadanía, y en este sentido ha señalado que la "actualización constante" para ser "eficaz y eficiente" es "una prioridad absoluta, junto con la simplificación y el silencio positivo", para el gobierno de Guillermo Fernández Vara.

UTILIDAD "NULA" PARA EL CIUDADANO

En defensa de su enmienda a la totalidad, el diputado de Podemos Obed Santos Pascua ha calificado la propuesta socialista como una "ley ómnibus", en tanto que afecta a "muchas leyes y normativas", lo cual suele "dar problemas", y más teniendo en cuenta que "técnicamente es una chapuza".

Asimismo, considera que la "utilidad real" de la misma para la sociedad extremeña es "prácticamente nula", al tiempo que ha calificado como una "trampa" el nombre de la ley, en tanto que "en realidad" lo que pretende es agilizar los proyectos administrativos para iniciativas empresariales de más de 20 millones de euros.

"No es una ley para todos los extremeños, autónomos o pymes", sino que pone una "alfombra roja para supuestos proyectos empresariales que vienen a vender mucho humo", en referencia a Elysium City presentado en Castilblanco (Badajoz).

En esta línea, ha insistido en que Podemos apoya la atracción de nuevas iniciativas empresariales, pero no las que se pretenden introducir en este proyecto, que "puede tener consecuencias desfavorables" para los pequeños empresarios de la comunidad, que según ha dicho mantienen el 99% del tejido laboral extremeño.

En definitiva, ha considerado esta propuesta de ley "un mero juego de artificio" que "pretende colar de rondón proyectos que venden humo" y que convierten a Extremadura "una colonia del tercer mundo donde las garantías quedan en un segundo plano", al tiempo que "no fomenta el dimensionamiento de las empresas extremeñas ni genera avances en ventanilla única de la administración".

EL PP QUIERE MEJORAR LA PROPUESTA

Por su parte, la diputada del Grupo Popular Eva Pérez Zamora ha señalado que esta propuesta de ley es un "reconocimiento" de que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, admite que "ha metido la pata y que tiene una administración que no sabe dar respuesta" a unos proyectos empresariales de los que se lleva hablando hace 15 años, en referencia a los casinos en Castilblanco.

Así, los populares han votado en contra de la enmienda a la totalidad de Podemos con el objetivo de mejorar una ley que consideran que "no es suficiente", en tanto que en la tramitación parlamentaria tratarán de introducir cambios para que los beneficios contemplados para las grandes empresas lleguen también a los pequeños emprendedores de la comunidad.

"En la región hay muchas empresas que necesitan ayuda de la administración", ha dicho Pérez, quien ha añadido que no hay muchas empresas con más de 50 empleados y una inversión de 20 millones.

"No las hay, y ustedes lo saben. Están mintiendo a los extremeños y son consciente de ello. Lo que hay que hacer es facilitar la vida a los que empiezan con pocos trabajadores y poca inversión, sin olvidar a las grandes", ha dicho la diputada 'popular'.

DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO

En su último turno, Godoy ha defendido que la propuesta de ley recoge "una pequeña parte" dedicada a las medidas que favorecen la instalación de empresas, y que su mayor parte está destinada a mejorar el funcionamiento de la administración regional, y que, por tanto, favorecen a los ciudadanos en su conjunto, incluidas las pequeñas empresa.

Además, ha aclarado que las empresas se consideran grandes a partir de los 250 empleados, y que entre 50 y 249 son medianas, una dimensión con la que cuentan 53 y 425 compañías de la región, respectivamente.

En todo caso, ha defendido que contempla procedimientos de los que se podrán beneficiar proyectos de energías renovables que no requieren esos requisitos, y que asimismo pueden favorecerse ciudadanos y pequeñas empresas y autónomos con respecto a los cambios introducidos en materia de tasas por tramitación de permisos y licencias.

Finalmente, ha mostrado la disposición de su grupo al diálogo para que entre todos los grupos parlamentarios se pueda aprobar una ley mejorada, y en este sentido ha dicho que espera las aportaciones que puedan realizar los representantes de los empresarios en las comparecencias en el parlamento durante el trámite de la norma.