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PSOE y Podemos pactan la nueva Ley de Contratación Pública Socialmente Responsable

Incluye la creación de una oficina "independiente" que combatirá las posibles ilegalidades en los procesos de adjudicación de la Junta.

04 julio 2018 | Publicado : 12:07 (04/07/2018) | Actualizado: 21:31 (04/07/2018)

Ep.

Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos en la Asamblea de Extremadura han pactado la nueva Ley de Contratación Pública Socialmente Responsable, que entre otras medidas incluye la creación de una oficina "independiente" que combatirá las posibles ilegalidades en los procesos de adjudicación de la Junta y que velará por el cumplimiento de los pliegos y de las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas concesionarias.

La futura Ley ha sido registrada conjuntamente por los dos grupos parlamentarios este miércoles en la Asamblea, y su debate de totalidad podría tener lugar en el pleno previsto para el 25 de julio, aunque lo más probable es que se retrase hasta el mes de septiembre.

A partir de ese momento, se espera que pueda estar aprobada en un plazo de dos meses, si bien la creación de dicha oficina, que estará integrada en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, contará con dotación presupuestaria en los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2019.

No obstante, tal y como ha indicado en rueda de prensa la diputada socialista Ascensión Godoy, aún se desconoce la composición y organización de dicha oficina, que en todo caso estará integrada por funcionarios de la Junta, si bien ha remarcado el carácter "independiente" tanto en la organización como en el funcionamiento de esta Oficina Extremeña de Supervisión en Materia de Contratación.

Además, ha explicado que dicha oficina entrará en funcionamiento en un plazo máximo de seis meses desde la aprobación de la ley, si bien su composición deberá ser aún detallada en un reglamento que aún debe desarrollarse, aunque ha avanzado que estará formada por funcionarios de la administración regional.

En otra comparecencia anterior sobre el mismo asunto, el diputado y secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, ha señalado que se trata de una "oficina anticorrupción", si bien ha indicado que los socialistas, a quienes "ha costado mucho arrancar esta ley" no han querido llamarla así y que desconocía los motivos.

Preguntada en su rueda de prensa posterior, Godoy ha explicado que "no solo es anticorrupción", sino que su "concepto es mucho más amplio", en tanto que velará por la correcta aplicación de la legislación, promoverá la concurrencia en igualdad de oportunidades y combatirá las ilegalidades en la contratación de la Junta y su sector público.

La norma, a la que los socialistas esperan que se sumen los otros dos grupos parlamentarios, tanto PP como Ciudadanos, forma parte del "paquete legislativo" anunciado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, durante el Debate sobre el Estado de la Región, según Godoy, y al mismo tiempo es fruto del los acuerdos alcanzados por ambos partidos para la aprobación de los presupuestos de la Junta para este año, tal y como ha destacado Jaén.

PUNTOS MÁS DESTACADOS DE LA LEY

Además de la creación de la oficina de supervisión, la ley reunirá en un solo texto la normativa reguladora de la contratación pública autonómica, así como persigue la colaboración de la actividad contractual autonómica en la ejecución de políticas de carácter social y ambiental.

También pretende una contratación pública más eficiente, y que los contratos se encuentren sujetos al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de la salud en el trabajo, unas obligaciones son extensibles a las empresas subcontratadas.

Igualmente pretende facilitar el acceso de las pymes a la contratación autonómica apoyando el tejido empresarial, lo cual permitirá crear empleo y estimular la innovación. Otra novedad es la obligatoriedad, con carácter general, de la licitación electrónica, para mayor eficiencia, ahorro de costes, mayor acercamiento a los ciudadanos, empresas y profesionales a la administración.

Otro punto pasa por lograr una mayor transparencia en la contratación pública, con medidas de evaluación y seguimiento contra la corrupción, con el fin de garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todas las empresas candidatas y licitadoras.

Conseguir una mejor relación calidad-precio en la contratación pública extremeña, de tal forma que los órganos de contratación den prioridad a la calidad, a las consideraciones medioambientales, a los aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio y los costes del objeto de la licitación, es otra de las medidas.

Además, en su disposición adicional primera, se prevé la figura del concierto social, para la prestación de los servicios sociales de atención especializada y los servicios sanitarios. Una figura que pretende garantizar los principios de atención personalizada e integral, arraigo de la persona al entorno social y continuidad en la atención y la calidad de los servicios, así como dar una respuesta urgente y adecuada a la hora de proveerlos.

Por último, se ha incluido a las entidades locales dentro del ámbito de aplicación de esta norma, salvo en aquellos aspectos en los que resulten expresamente excluidas por la legislación básica.

"BLINDAR LOS DERECHOS" DE LOS TRABAJADORES

El líder de Podemos ha señalado que esta ley es fruto del trabajo realizado por la formación morada en los tres años de legislatura, y en esta misma línea ha señalado que cumple con un triple objetivo que ha definido como "blindar los derechos laborales, favorecer a las pymes, cooperativas y autónomos de la región, y mejorar la prestación de servicios de las empresas que contratan con la administración".

"Hemos conseguido arrancarle al PSOE una serie de puntos fundamentales", ha dicho Jaén, para la futura Ley, entre las que ha destacado el "compromiso" de la Junta de incluir cláusulas sociales en las empresas que contratan con la administración regional, de tal forma que se realiza un "reconocimiento directo a derechos laborales y que no haya descuelgues de convenio", y "favorecer la transparencia" en unas licitaciones "mucho más justas e igualitarias" para las pymes, cooperativas y autónomos de la comunidad.

Asimismo, ha destacado que estas licitaciones no solo premiarán el precio, sino también "la calidad del servicio y los derechos laborales" con el fin de evitar que se repitan casos como el "caos" del servicio de ambulancias, las "evidentes deficiencias" en los catering de los comedores escolares, así como se establecen limitaciones en la duración de los contratos, para que no haya "duraciones abusivas", de tal forma que se dividirán en lotes.

Otro aspecto que ha resaltado es la imposición de sanciones en caso de incumplimiento de los pliegos de adjudicación o se produzcan impagos de salarios a los trabajadores de las empresas prestatarias de los servicios, que pueden conllevar la rescisión del contrato.

COMPROMISO ELECTORAL DE VARA

Por su parte, la diputada socialista Ascensión Godoy ha subrayado que esta ley tiene su origen en el acuerdo número 22 de la Agenda del Cambio con la que el presidente de la Junta se presentó a las anteriores elecciones autonómicas, en referencia a las cláusulas sociales que ya viene aplicando la Junta.

Una norma cuyo borrador estaba avanzado por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y que se vio paralizado para adaptarse a la nueva ley nacional de contratación pública, y que además incorpora las propuestas de Podemos en el marco de la negociación presupuestaria.

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