12 junio 2018 | Publicado : 18:06 (12/06/2018) | Actualizado: 18:10 (12/06/2018)
El 80 por ciento de los municipios en zonas de alto riesgo (ZAR) de incendios forestales no cuenta con planes de emergencia, según denuncia Greenpeace en el informe 'Protege el bosque, protege tu casa', que se ha presentado este martes en Madrid; y del que se desprende que Extremadura es una de las cinco Comunidades Autónomas que cuenta con un plan de prevención.
En concreto, el documento analiza las causas de la nueva ola de incendios de alta intensidad de los últimos años y destaca distintos grados en la planificación: prevención, emergencia y autoprotección.
Según el informe, la prevención de incendios forestales en Extremadura se planifica mediante el Decreto 260/2014, que establece que los planes de prevención son obligatorios para todos los montes o terrenos forestales que superen las 400 hectáreas o, en el caso de estar ubicados en zonas de alto riesgo, las 200 hectáreas.
Así pues, de los 388 municipios que están obligados a realizar planes periurbanos, 204 tienen aprobado y vigente el plan y 91 en trámite. Sin embargo, no existe información disponible sobre planes de emergencias ni autoprotección en la comunidad autónoma.
Destaca, eso sí, el acceso a información pública, gracias a una web con datos específicos en materia de prevención y extinción de incendios, una iniciativa con margen de mejora (ampliando la información publicada) y que se aconseja replicar en el resto de las comunidades.
"Aunque en los últimos años se observan ligeras mejoras, es necesario que Extremadura haga un esfuerzo en la implementación y seguimiento de su planificación frente a incendios", señala la organización en una nota de prensa.
A este respecto añade que es hora de cambiar este "patrón", y que en zonas susceptibles de sufrir terremotos, por ejemplo, hay percepción del riesgo; sin embargo, en zonas de riesgo de incendio forestal "se insertan viviendas sin que la población perciba el peligro y, por tanto, se prepare para prevenir incendios y mitigar sus impactos", ha señalado Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace.
El informe pone de manifiesto que solo cinco Comunidades Autónomas cuentan con planes de prevención, que son Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Canarias, mientras que hay una ausencia generalizada de planes de autoprotección en todo el país, siendo estos "simplemente testimoniales", según apunta la responsable de la campaña.
A nivel general, doce comunidades autónomas (incluyendo Ceuta) obtienen una valoración "deficiente" o "muy deficiente" en su planificación ante el riesgo de incendios. Entre ellas destacan Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora, que representan el 51,57% del total anual de incendios que se producen en España.
Por el contrario, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana son las que cuentan con planificaciones más avanzadas, aunque desde Greenpeace insisten en que ninguna comunidad autónoma alcanza el nivel de planificación requerido.
Según recuerda la organización ecologista, la Ley de Montes regula la planificación de incendios a nivel autonómico y municipal, y establece la obligatoriedad de las comunidades autónomas de elaborar planes preventivos en aquellas áreas declaradas zonas de alto riesgo de incendio.
A su vez, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil obliga a los municipios de alto riesgo a que tengan planes de emergencia y de autoprotección. Sin embargo, según los datos del informe, se incumple la normativa de forma casi generalizada en todo el territorio español.
CALCULADORA DE RIESGOS PARA LA AUTOPROTECCIÓN
El informe destaca que el riesgo de incendios forestales se debe gestionar en dos direcciones: por un lado, considera fundamental una correcta gestión forestal, de forma que se protejan los bosques y a las personas que los habitan; y por otro, la necesidad de que la ciudadanía proteja su vivienda, tomando medidas preventivas y de autoprotección.
Según afirma el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, la participación de la población en la prevención de incendios es "fundamental" porque se traduce también en menos hectáreas calcinadas.
Sin embargo, tal y como apunta Mónica Parrilla, la población no asume los riesgos y, por tanto, cuando no existe esa percepción social se desconocen los "deberes" y se ignoran "las buenas prácticas", dificultando así incluso las labores de los operativos de extinción y, por tanto, generando un "riesgo añadido".
Por ello, Greenpeace ha lanzado una 'Calculadora de Riesgo frente a Incendios Forestales' ('https://riesgodeincendios.org/') para ayudar a los ciudadanos a autoevaluar los riesgos. Se trata de una herramienta en la que se plantean 15 preguntas que ayudan al usuario a testar el entorno en el que vive o su propia casa, entre otras cuestiones.
Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) -ahora Ministerio de Transición Ecológica-, en 2017, se produjeron en España 56 grandes incendios forestales (GIF) y, a pesar de representar menos del 0,5% del total de incendios, fueron responsables de la destrucción de casi el 55% de las hectáreas quemadas.
"Los incendios forestales se han convertido en una gran prioridad ambiental y en un problema de seguridad nacional", insiste el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez.
DEMANDAS
Por todo ello, Greenpeace reclama una política de prevención ante los incendios en el que se aborden las causas que los originan y las que los propagan, y exigen el cumplimiento de la Ley de Montes y la Ley de Protección Civil en Incendios Forestales.
"Es lamentable que pidamos que se cumpla la ley", reprocha Rodríguez, que señala tres "culpables" de que no se cumpla la ley: el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
En concreto, piden que las administraciones realicen campañas de sensibilización a la población (sobre todo en interfaz urbano-forestal) para crear comunidades adaptadas al fuego; una mejora en la gestión de las masas forestales; que se evite que las contrataciones se centren solo en los meses de mayor riesgo de incendio y se reconozca la categoría de bombero forestal; y el desarrollo de modelos de selvicultura que tengan en cuenta la variable del cambio climático.
Asimismo, reclaman combatir la siniestralidad a través de la educación; una mayor investigación judicial y apoyo a las fiscalías de Medio Ambiente y otros organismos, eliminación del juicio por jurado y aplicación de la ley para los incendios dolosos; un tratamiento adecuado de la piromanía; y evitar ciertos tipos de viviendas en el medio rural que suponen un riesgo muy alto.
