31 mayo 2018
Ep.
La Junta de Extremadura está trabajando en la elaboración de un "nuevo mapa concesional" sobre el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, para que "al menos haya un equilibro económico".
Se trata de un sector que "atraviesa una situación difícil", y sobre el que en la actualidad "hay un sistema concesional que posibilita que todas las poblaciones estén comunicadas en transporte público por carretera", un sistema que está "sometido a un proceso de reestructuración para un nuevo mapa concesional".
De esta forma se ha pronunciado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García Bernal, este jueves en el pleno de la Asamblea ante sendas preguntas de Ciudadanos y Podemos sobre las medidas que tiene previstas la Junta de Extremadura ante la situación del transporte de viajeros en la región.
En la formulación de su pregunta, la portavoz de la Agrupación Ciudadanos, Victoria Domínguez, ha recordado que esta misma semana, trabajadores de una empresa de transporte de viajeros se han concentrado para reclamar el pago de parte del salario que se les adeuda.
Domínguez ha considerado que la Junta de Extremadura ha llevado a este sector del transporte público a una "situación de inestabilidad" que "provoca retrasos en hacer efectivos los pagos de los convenios correspondientes a las líneas de servicio público", ha dicho.
En ese sentido, la portavoz de Ciudadanos ha mostrado su interés por conocer los motivos de esta "inestabilidad" generada en las empresas, tras lo que ha apelado a la responsabilidad de la Junta de Extremadura para que se mantenga este transporte, que es el "único" que existe en muchas localidades de la región.
Por su parte, la diputada de Podemos Jara Romero ha aseverado que las "carencias del sistema de transporte" en Extremadura "no es una situación coyuntural, ni es un problema burocrático como pretenden hacernos creer", sino que es un problema de "falta de previsión y de visión integral sobre lo que significa el transporte en una tierra como Extremadura".
Así, Romero ha considerado que el transporte en Extremadura "debe concebirse como un todo", por lo que ha considerado "absurdo" que se esté reivindicando la situación del tren, "mientras destrozan el servicio por autobús".
Por todo ello, la diputada de Podemos ha aseverado que la Junta no ha cumplido "con los plazos del nuevo mapa concesional ni las nuevas licitaciones, ni cumplir con las cláusulas sociales que obligan a pagar a las empresas", sino que "solo han dado excursas sobre los pagos", ha lamentado.
CONSEJERA
En respuesta a ambas preguntas, la consejera de Medio Ambiente y Rural ha señalado que objetivo de esta reestructuración que se está acometiendo en el sector es que pueda existir "un mayor aprovechamiento de los recursos y una mayor eficacia en la atención a las necesidades de la ciudadanía", sobre la base del "equilibrio económico de los contratos que soporten la prestación de esos servicios".
La consejera ha reafirmado que el transporte por carretera de uso regular es "imprescindible" para las personas que viven en el mundo rural y para que las no conducen.
Así, y respecto a la concentración de trabajadores esta semana, García Bernal ha reafirmado que la Junta de Extremadura "no debe nada" a las empresas de estos trabajadores, por lo que serán ellos los que "le tendrán que pedir a sus empresas que tienen que cumplir con ellos sus condiciones laborales y sociales", como el pago de su nómina.
García Bernal ha reafirmado en su intervención que el trabajo del Ejecutivo regional es conseguir que en el transporte por carretera "al menos haya un equilibrio económico", para lo que "se está tramitando un decreto que se ha trabajado y se ha enseñado a todo el sector, que va a trabajar sobre ayudas de 'mínimis'", que vienen establecida por normativa europea, con 500.000 euros de máximo para este año 2018.
En ese sentido, ha destacado que la Junta de Extremadura presta "apoyo económico a las concesiones deficitarias" para garantizar la continuidad de las líneas, tras lo que ha recordado que fue el Gobierno socialista el que hizo las obligaciones de servicio público en 2015, y "las empresas tienen que justificar el dinero que se les adelantó".
Además, las obligaciones de servicio público "por normativa" tienen un máximo de dos años, por lo que "se está tramitando el decreto de ayudas de mínimis para este año 2018", y ha reafirmado que la Junta aboga por "intervenir en los servicios públicos de su titularidad para garantizar un equilibrio económico", pero "de ninguna manera tienen como finalidad asegurar la capacidad y solvencia de las empresas concesionarias".
En ese sentido, ha explicado que "les corresponde a las empresas gestionar y justificar el dinero que esta administración adelantó en 2016 y 2017", tras los que ha aseverado que "lo primero que tienen que hacer las empresas es pagar el salario de sus trabajadores" y "no pueden eludir el cumplimiento de sus obligaciones bajo el pretexto de que la administración le adeuda dinero, cuando es falso".
