08 marzo 2018
El PP, Podemos y Ciudadanos han instado a la Junta de Extremadura a velar por el empleo de algunos trabajadores de la Consejería de Sanidad y Dependencia afectados por un decreto que modifica las relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario y laboral de dicha consejería, y que atañe a varias categorías.
La diputada del PP Eva Pérez ha sido la encargada de defender esta propuesta de impulso en el pleno de este jueves, que ha contado con el apoyo de toda la oposición y el rechazo del PSOE, y en la que ésta ha incidido en que dicho decreto podría llevar aparejado el despido de en torno a 600 trabajadores "especializados" y unas indemnizaciones de unos 12 millones de euros.
Así, Pérez ha explicado la "injusticia" que se podría producir entre determinados trabajadores de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales tras la publicación del decreto, aunque esta situación se podría hacer extensible al resto de consejerías, ha sostenido.
De este modo, la diputada 'popular' ha recordado que hace once años la Junta de Extremadura creó el módulo terapéutico de medidas judiciales, ubicado físicamente en el Centro de Menores Marcelo Nessi, donde se realiza una atención educativa especializada y un tratamiento a menores sometidos a medidas judiciales.
Para ello, se estableció un plan formativo para los trabajadores adscritos a ese "módulo permanente", quienes han ido perfeccionado su trabajo en parte gracias a la experiencia acumulada.
Asimismo, junto a los del módulo terapéutico de medidas judiciales, entre los trabajadores afectados se podrían encontrar los que pertenecen a la red de equipos de valoración y atención a la dependencia del Sepad, tal y como ha asegurado la diputada 'popular'.
DECRETO
En esta línea, ha incidido en que el decreto en cuestión fue publicado en el Diario Oficial de Extremadura, el pasado 26 de diciembre, y el mismo modifica las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y de personal laboral de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, que afectan a varias categorías.
El anexo II del citado Decreto contiene la creación de puestos de trabajo de personal laboral, incluyendo determinados puestos cuyas funciones están reservadas a personal funcionario, según el artículo 14 de la Ley de Función Pública de Extremadura.
Los profesionales que actualmente ocupan estos puestos de trabajo tienen reconocida la condición de personal indefinido, bien por sentencia judicial, o bien por resolución administrativa de fecha de 29 de diciembre de 2015.
De este modo, el Tribunal Supremo ha establecido que el tratamiento del personal indefinido no fijo es diferente al que se da al personal eventual temporal y al personal laboral fijo.
Por ello, dada la singularidad, especificación y necesidad del servicio, los puestos creados en el Anexo II del decreto en cuestión deben estar vinculados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Función Pública de Extremadura, con la clave IER (indefinido a extinguir/reestructurar), no pudiéndose proveer o amortizar hasta que queden vacantes.
Así, el decreto publicado en el DOE, en opinión del PP, "lesiona derechos y libertades" de quienes actualmente están ocupando los puestos de trabajo, además de que supondría un incremento de gasto a consecuencia de las numerosas indemnizaciones que habría que abonar a cada uno de los trabajadores indefinidos, y un detrimento en el servicio que se presta actualmente.
De este modo, las medidas planteadas por la Junta de Extremadura para "regularizar y dotar de estabilidad el ejercicio de funciones y actividades", aunque se trate de un fin necesario, según el PP, tienen como consecuencia el despido de decenas de trabajadores en lo que respecta al Decreto referido produciéndose un "auténtico caos" en la prestación de los servicios durante un largo período de tiempo.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto en su iniciativa, que ha contado con el apoyo de todos los grupos de la oposición, asignar a cada uno de los puestos de trabajo contenidos en el Anexo II del decreto en cuestión, y afectados por su entrada en vigor, la clave IER, contemplada en la Disposición adicional cuarta de la Ley de Función Pública de Extremadura, de tal forma que no se proveerán o amortizarán hasta que queden vacantes.
También asignar la clave F (pendiente de funcionarizar) a los puestos de trabajo cuyas funciones están reservadas a personal funcionario, según el artículo 14 de la Ley de Función Pública de Extremadura, así como especificar en la Relación de Puestos de Trabajo el centro de trabajo específico y la localidad donde se ubique el puesto creado.
Finalmente, se ha pedido crear nuevas plazas para funcionarios y laborales que vengan a cubrir las deficiencias y necesidades que se vienen produciendo a lo largo del tiempo en los distintos servicios de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a los que se refiere el Decreto 214/2017.
TURNO DE LOS GRUPOS
En el turno de los grupos, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha indicado que el PP, durante su gobierno, tuvo la oportunidad de cambiar la situación de dichos trabajadores que tienen reconocida la condición de personal indefinido pero que no tienen asignada de forma definitiva estos puestos de trabajo.
"Si hay un encaje legal a que esto se pueda seguir produciendo en la administración autonómica vamos al periodo transitorio a que eso pueda ocurrir y hacer disposiciones legales que existen en la legislación extremeña para poder adecuar las necesidades que estos funcionarios indefinidos tienen hoy con la necesidades de unos servicios muy especializados", ha asegurado.
Por parte de Podemos, el diputado Daniel Hierro ha mostrado la posición favorable a la iniciativa del PP porque su grupo aboga por la necesaria combinación de la estabilidad laboral con el mantenimiento de unos servicios con funciones "tan determinadas, tan concretas y tan especializadas".
Así, ha dicho que "no parece para nada razonable" sustituir a la mayoría de los trabajadores de golpe cuando durante once años los mismos se han especializado y conocen a la perfección unos servicios que, en opinión de Podemos, están "infrafinanciados" y cuentan con una "falta de personal importante".
Finalmente, la diputada del PSOE Catalina Paredes ha tachado la propuesta de impulso del PP como "demagógica", ya que "no hay mayor demagogia que defender lo que uno no se cree", porque de lo contrario en sus cuatro años de gobierno el PP hubiera llevado a cabo las medidas contenidas en dicha propuesta.
Así, ha dicho que el PP está "jugando" con los trabajadores afectados, a los que da "falsas expectativas", a lo que ha añadido que la Junta de Extremadura no va a "abandonar" a dichos trabajadores sino que "dará solución" a las reivindicaciones que plantean y cubrirá "todas las expectativas sin saltarse la ley".
