UGT reivindica más inversiones en políticas de conciliación de la vida laboral y familiar

El sindicato UGT en Extremadura ha reivindicado una mayor inversión en las políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como fomentar la corresponsabilidad y el "compromiso" por parte del empresariado y del Gobierno.

También ha reclamado que se ofrezcan fórmulas y herramientas "correctoras" ante las situaciones de "desigualdad" y "discriminación socio-laboral".

Al mismo tiempo, a través de nota de prensa, ha alertado de las "dificultades" de la ciudadanía para llevar a cabo "una conciliación corresponsable".

En este sentido, apunta que las mujeres asumen "mayoritariamente", concretamente el 90 por ciento, según indica, unas tareas de cuidados que "deberían ser cubiertas por el Estado y que, según el Centro superior de Investigaciones Científicas, "representa más del 50 por ciento del PIB".

Al respecto, subraya que las mujeres son las que piden "la mayor parte" de las excedencias para el cuidado de hijos y familiares. De hecho, apunta que según el Instituto Estadístico de Extremadura, en 2017 se registraron 580 excedencias en Extremadura por cuidado de hijo menor acogido o familiar, de las que 517 corresponden a las solicitadas por mujeres frente a 63 solicitudes de los hombres, manteniendo la misma línea en el año anterior (del total de 532 por este mismo concepto, 473 fueron de mujeres y 59 de hombres), explica.

También incide en que son ellas las que trabajan "a tiempo parcial, para tener más tiempo para cuidar a familiares dependientes a costa de sus ingresos".

La "desigualdad" en el mercado de trabajo, según el sindicato, también queda "patente" en la "feminización del tiempo parcial", ya que "el 77,5 por ciento de las personas que trabajan a tiempo parcial en Extremadura son mujeres, o lo que es lo mismo, 8 de cada 10 empleos a tiempo parcial lo desempeñan las mujeres".

Pero sin embargo "la regulación legal del contrato a tiempo parcial y la distribución irregular de la jornada de trabajo tras la reforma de 2012 hacen casi impracticable la conciliación de quienes trabajan con esa modalidad".

A la vista de estos datos, para UGT Extremadura resulta "evidente" que es "necesario" impulsar políticas de "verdadera corresponsabilidad" en las tareas de cuidados.

CUESTIÓN DE ESTADO
Por otra parte, entiende que familias, y "sobre todo" las mujeres "no" pueden seguir haciendo frente "en solitario" a "la responsabilidad del relevo generacional", puesto que se trata de una "cuestión de Estado", y "son las instituciones públicas las que deben facilitar servicios de cuidados públicos adecuados, suficientes, de calidad, y asequibles".

También considera que se deben facilitar "medidas más allá de la jornada para una mayor y mejor adaptación de los tiempos de trabajo que resuelvan las necesidades de conciliación de los trabajadores y trabajadoras, a la vez que no supongan una pérdida de retribuciones, de derechos de protección social, de mantenimiento del puesto de trabajo, ni de oportunidades en la promoción profesional".

Por todo ello, defiende que habría que regular cuestiones como que, "al menos una parte de los permisos, excedencias o reducciones de jornada por cuidado de hijos o familiares fueran retribuidos", o que "el permiso de paternidad, que actualmente tiene carácter voluntario, pasase a ser obligatorio para que los trabajadores no tuvieran miedo a posibles represalias por parte de la empresa o a no estar bien visto por parte del resto de la plantilla".

PRESTACIONES
En este sentido, apunta que en 2017 se concedieron 5.073 prestaciones de paternidad, una cifra "ligeramente superior" al año 2016, pero que desciende a niveles del año 2013, donde se registraron 5.136 prestaciones, que según ha dicho corroboran la teoría anterior. En todo caso, insiste en que debe ser el Estado, a través de servicios públicos de "calidad", quien cubra "todas estas necesidades".

Al respecto, indica que el tema de la conciliación ha aparecido ahora en el debate de las estrategias de la UE por la "preocupación" que existe por envejecimiento de la población y el descenso de la natalidad, "junto al objetivo de incrementar la productividad de las empresas, más preocupadas por el crecimiento económico y por alcanzar una mayor competitividad, que por el cumplimiento de un derecho fundamental como es el de la igualdad". "Pero no se puede conciliar sin garantizar primero la igualdad", recalca UGT-Extremadura.

Así, recuerda que en Extremadura la tasa bruta de natalidad "se ha reducido casi siete puntos en los últimos cuarenta años, (del 14,70 por ciento en 1976 a 8,12 por ciento en 2016) y la tasa de fecundidad sufre en este mismo período una disminución (con una variación del -1,13 por ciento)". De este modo, "en el año 2015 nacieron 8,2 niños por cada 1.000 habitante extremeño, prosiguiendo con la tendencia a la baja, si se mantienen las circunstancias actuales".

Por otra parte, apunta que la edad media de la primera maternidad en Extremadura "ha pasado de 28,84 a 30,97 años". "El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 20,18 por ciento, según la Proyecciones de Población 2016-2031 del INE, en nuestra Comunidad Autónoma, y con la cifra de población a 1 de enero de 2016 (1.085.189 habitantes), se estima que la población decrecerá en un 6,1 por ciento hasta 2031, siempre que se mantengan las tendencias demográficas actuales".

Según el sindicato, se puede hablar así de "un envejecimiento progresivo de la población, aumentando en casi todos los grupos de edad", y en valores absolutos se puede afirmar que "la población se vería reducida en 66.453 habitantes entre 2016 y 2031".

Por otra parte, UGT en Extremadura considera "evidente" que la normativa legal española "no ha protegido de forma adecuada el derecho a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal".

Finalmente, incide en que la conciliación "es un derecho fundamental y debe garantizarse por ley, pero en España no se ha protegido de manera adecuada". De hecho, critica que en los últimos años, el Gobierno "no sólo no ha dado pasos hacia delante", sino que a su juicio ha acometido "recortes y medidas", como la Reforma Laboral de 2012, que para el sindicato ha supuesto "un retroceso sin precedentes".