29 enero 2018 | Publicado : 16:09 (29/01/2018) | Actualizado: 20:01 (29/01/2018)
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La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, había anunciado una reunión este martes, con un responsable de Liberbank a nivel nacional, ante el anuncio de la entidad financiera de cerrar una treintena de ventanillas en otros tantos municipios de la provincia pero. al final, desde la entidad se ha cancelado el encuentro por motivos de agenda.
Cordero ha indicado que "hay que exigir una responsabilidad social" a la entidad y que la diputación cacereña "no puede mirar hacia otro lado", ya que este cierre influirá en la despoblación del mundo rural, una lucha que la institución ha enarbolado en esta legislatura.
Además, ha añadido que "no apoyamos que se cierren las oficinas y estamos con los alcaldes" y, respecto a la idea lanzada por los alcaldes de dejar de operar con la entidad llegado el caso, ha dicho que, si persiste la idea y no se ofrece otra solución la diputación estudiaría esta posibilidad.
Según Cordero, "si no quieren trabajar con los municipios y cierran las oficinas, la diputación se plantearía dejar de trabajar con ellos", añadiendo que "tenemos un compromiso con los que se comprometen con esta tierra pero con los que no se comprometen, no lo tenemos".
Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha indicado que, en el caso de la provincia pacense, Ibercaja ya hizo su plan de reestructuración hace tiempo "aunque no con la magnitud" que se está haciendo en la provincia de Cáceres, aunque eso "no significa" que pueda llevar a cabo otro porque "hay reajustes de forma permanente".
No obstante, desde la diputación pacense, se diseñó un plan de exclusión financiera para licitar cajeros automáticos en los municipios donde se cerraran las oficinas para suplir el servicio.
"Esto es una batalla permanente que también afecta al turismo", ha manifestado Gallardo, que aboga por "evitar el despoblamiento no solo en el ámbito rural, sino también en zona urbana porque no crecen los municipios", estimando que "hay que pedir un compromiso social a las entidades".
