Un registro velará por la evaluación de la calidad agroalimentaria

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se regulan las entidades de certificación y de inspección de evaluación de la conformidad de la calidad agroalimentaria y se crea el Registro de entidades de evaluación de la calidad de productos agroalimentarios en Extremadura.
La Ley Agraria de Extremadura, modificada por la Ley 2/2016 de 17 de marzo, establece, entre otros, el régimen normativo de las entidades de evaluación de la conformidad de la calidad diferenciada.
Esta norma establece un marco general que regula la actividad del sector agroalimentario en Extremadura y habilita a la Junta de Extremadura a dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y la ejecución de lo establecido en la citada ley.
En este sentido, es necesario regular las entidades de evaluación de la conformidad de la calidad agroalimentaria, teniendo en cuenta las normas de aplicación dictadas por la Unión Europea y las dictadas por el Estado en el ejercicio de sus competencias.
La finalidad del decreto aprobado hoy es la regulación de las entidades de certificación y de las entidades de inspección.
Respecto a los laboratorios de ensayo, debido a su singularidad y a las modificaciones de las normas dictadas por la Unión Europea, se considera más oportuno proceder a su regulación de manera exclusiva.
En el decreto aprobado se establecen las condiciones y requisitos que deben cumplir las entidades de certificación y las entidades de inspección que operen en Extremadura para poder actuar con imparcialidad y llevar a cabo sus funciones con solvencia técnica.
Además, se crea el Registro de Entidades de certificación y de inspección de Evaluación de la calidad de productos agroalimentarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que estará adscrito a la Dirección General que ejerza las funciones en materia de calidad agroalimentaria.
La calidad agroalimentaria ha alcanzado una gran significación, al constituir un pilar fundamental para garantizar la comercialización de los productos derivados de la agricultura y de la ganadería, en garantía tanto de las normas de obligado cumplimiento como especialmente de las normas que regulan menciones facultativas de calidad y que incorporan valores añadidos e identificaciones singulares de los productos, esenciales para diferenciar las producciones en un mercado global altamente competitivo.