26 octubre 2017 | Publicado : 15:10 (26/10/2017) | Actualizado: 16:52 (26/10/2017)
Los alojamientos ilegales han sido objeto de debate hoy en el transcurso del Congreso Internacional de Turismo de Interior, que se está celebrando en Plasencia. Las comunidades de Andalucía, Castilla y León, Asturias y Extremadura han mostrado las estrategias que cada autonomía están poniendo en marcha en su lucha contra los apartamentos turísticos ilegales.
El director general de Turismo, Francisco Martín Simón, ha asegurado que la estrategia de Extremadura pasa “por luchar contra la competencia desleal frente a los empresarios que pagan impuestos y crean trabajo. Tenemos la obligación de ordenar la oferta turística, el sector y la convivencia, conceptos que está muy claros, por ejemplo, en los Planes de Ordenación Urbana de los municipios”.
Asimismo, el director general ha asegurado que las actuaciones no se centran en el turista “sino en el propietario, y de ahí la necesidad de mostrar el número del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura, que se asigna una vez presentada la declaración responsable de inicio de actividad turística, en esas nuevas plataformas de comercialización turística”, ha afirmado.
Hasta la fecha, Extremadura ha detectado 608 alojamientos turísticos ilegales en toda la región, que se publicitan en canales de oferta turística. Se han iniciado actuaciones previas al procedimiento sancionador en 205 casos. Con esas actuaciones se ha conseguido que 47 alojamientos presenten la documentación para iniciar la actividad turística en el marco de la Ley.
La Junta de Extremadura tramita, actualmente, una modificación de la Ley de Turismo para que las plataformas de ofertas turísticas colaboren con la administración en la detección de este tipo de alojamientos a efectos de favorecer la competencia leal y la seguridad, y calidad del sector.
En el caso de Andalucía, la directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, Carmen Arjona, ha manifestado que el decreto de la Junta de Andalucía “responde a las expectativas y necesidades de nuestra comunidad autónoma” y ha abogado por que el Estado “marque una armonización a cumplir en todo el Estado español”.
Un término en el que todas las regiones participantes han mostrado su acuerdo, al igual que en la participación conjunta, gobierno regional y municipal, en la lucha contra estos alojamientos ilegales.
Por su parte, el director general de Comercio y Turismo de Asturias, Julio Manuel González, ha apostado por “abordar esta ilegalidad desde una estrategia turística” y desde Castilla y León se proponen luchar contra esta problemática “a través de la inspección, el acuerdo con los ayuntamientos, la información o el asesoramiento junto a un registro de infractores”, según ha explicado la jefa de división Estratégica, Blanca Arévalo.
