16 octubre 2017
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Tragsa subrogará a los trabajadores en el convenio de limpieza para retirar el camalote del Guadiana, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya rechazado la denuncia de la Asociación Española de Parques y Jardines (ASEJA) contra la encomienda de gestión que estaba paralizada desde primeros de septiembre.
De esta forma, la compañía dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) subrogará dentro de su nuevo encargo a un total de 35 trabajadores y contratará a casi otros 20 más. Fuentes de la empresa pública han precisado a Europa Press que estos últimos empleados se contratarán a través de los servicios públicos de empleo.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha reactivado con Tragsa el plan de refuerzo destinado a retirar el camalote una vez que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha rechazado el recurso de ASEJA contra la encomienda de gestión, que consideraba que este contrato se debería haber licitado.
Dicho organismo de resolución, dependiente del Ministerio de Hacienda, admitió inicialmente las medidas cautelares solicitadas por ASEJA, lo que ha bloqueado desde primeros de septiembre el dispositivo preparado para limpiar el manto verde que cubre el tramo medio del Guadiana.
Según fuentes vinculadas con las propias tareas de limpieza, los medios desplegados por la CHG para luchar contra esta especie invasora son "insuficientes" y de ahí la importancia del papel que tiene Tragsa para abordar los trabajos con nuevos efectivos.
La compañía dependiente de la SEPI está obligada, no obstante, a garantizar los requisitos legales que impone el actual convenio de limpieza con el fin de asegurar los derechos y obligaciones de todos los operarios que hasta ahora han venido actuando en estas labores de extracción.
El objetivo de la encomienda de gestión, con un presupuesto de 3,7 millones de euros y un plazo de ejecución de un año, consiste en reforzar las tareas de limpieza sin alterar para nada las condiciones laborales de los trabajadores.
La campaña de lucha contra el camalote exigirá dotaciones que serán financiadas en parte por la Unión Europea dentro de una estrategia permanente para evitar la propagación de una plaga extraordinariamente nociva en la cuenca del Guadiana y que ha afectado incluso a algunos tramos urbanos de Mérida y Badajoz con la posibilidad de que pueda extenderse en el futuro a Portugal.
SITUACIÓN CRÍTICA Y PELIGRO DE HUELGA
La urgencia de acometer las tareas de extracción ha sido determinante en la decisión de la Confederación Hidrográfica de apelar a la vía directa de Tragsa, que finalmente ha sido ratificada por el Tribunal de Recursos Contractuales.
La CHG confía en la capacidad de Tragsa para abordar la tarea en este periodo mínimo de tiempo (12 meses), lo que también dependerá de la voluntad de los trabajadores para acometer de forma decidida el encargo.
Los sindicatos quieren aprovechar la nueva encomienda para forzar la negociación en busca de mejores condiciones laborales con el fin de obtener, principalmente, una mayor retribución por hora trabajada.
Tragsa está incapacitada a estos efectos para cualquier modificación de la regulación estatal, que obliga a garantizar los niveles retributivos de acuerdo con el convenio nacional de limpieza, bajo cuyo marco normativo se han venido efectuando tradicionalmente los trabajos de extracción.
La posibilidad de una huelga pondría de nuevo en evidencia los graves problemas que provoca el camalote, pero ésta es una posibilidad que no se puede descartar en estos momentos pese a la gravedad de la situación generada en la cuenca del Guadiana, según fuentes sindicales.
