10 octubre 2017 | Publicado : 12:10 (10/10/2017) | Actualizado: 00:05 (11/10/2017)
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La organización sindical CCOO de Extremadura ha pedido al Ministerio de Justicia que dote de más personal y medios materiales los juzgados de la región encargados de tramitar los procedimientos de las 'cláusulas suelo' para que estos servicios "puedan funcionar correctamente", ya que se encuentran "colapsados".
Así, lo ha manifestado el responsable del Sector de Administración de Justicia de CCOO de Extremadura en la provincia de Cáceres, José Antonio Barca Giraldo, en rueda de prensa este martes, 10 de octubre, en Mérida, en la que ha estado acompañado por el responsable del Sector de Justicia de CCOO en la provincia de Badajoz, Vicente Alegre Corchero.
De esta manera, el responsable del Sector de Administración de Justicia de CCOO de Extremadura en la provincia de Cáceres, José Antonio Barca Giraldo, ha explicado que hace falta un "aumento" de la plantilla tanto en la provincia de Cáceres como en la de Badajoz, cuyo juzgado se encuentra en Mérida, pues la plantilla actual "solamente" cuenta con "un juez, un letrado y dos funcionarios de tramitación", los cuales tienen que realizar el trabajo de registro y reparto.
Por ello, el responsable del Sector de Justicia de CCOO en la provincia de Badajoz, Vicente Alegre Corchero ha manifestado que el sindicato ha pedido al Ministerio de Justicia que cumpla el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y dote de personal funcionario "suficiente" para el registro y la tramitación de las demandas de cláusulas suelo, pues debido al "volumen de demandas presentadas que hay deberían haberse creado dos Juzgados en Cáceres y dos en Mérida.
En este sentido, el responsable del Sector de Justicia de CCOO en la provincia de Badajoz ha explicado que "después de 100 días" de que estos juzgados para la reclamación de cláusulas suelo comenzaran a funcionar en Cáceres se han registrado 1382 demandas y "están pendientes de registrar 75", por lo que han entrado 1457 demandas, mientras que en Mérida se han registrado 1800 demandas y quedan pendientes 468.
Por ello, Vicente Alegre Corchero ha reclamado que se nombre "más personal" para que registren esas demandas y se tramiten pues, ha continuado, el Consejo General del Poder Judicial aprobó que "cada 1.000 demandas debía crearse otro juzgado", por lo que ha exigido "dos juzgados completos con plantilla completa", que sería "un juez, un letrado, dos gestores, cuatro tramitadores y dos auxiliares".
MATERIALES "DE SEGUNDA MANO"
Por otra parte, el responsable del Sector de Justicia de CCOO en la provincia de Badajoz ha alertado sobre las condiciones de los medios materiales con los que estos profesionales están trabajando, pues tal y como ha citado en la capital autonómica se están utilizando "ordenadores y escáner de segunda mano".
Además, Vicente Alegre Corchero ha explicado que en Cáceres no existe "espacio suficiente" para ubicar a los trabajadores para que desempeñen "correctamente" sus funciones, mientras que "esto en Mérida no ocurre", aunque en la capital extremeña "debería haber 20 trabajadores y hay cuatro".
Asimismo, el responsable del Sector de Justicia de CCOO en la provincia de Badajoz ha sostenido que esta "acumulación de demandas" repercute y "perjudica al ciudadano" pues el Gobierno "no ha querido nombrar a los funcionarios necesarios", lo que genera "mucho más retraso del que hay" y demuestra que, bajo su opinión, "parece que el Gobierno no tiene ningún interés en que (las cláusulas suelo) salgan adelante".
Por otro lado, Vicente Alegre Corchero ha manifestado que estas actuaciones suponen una "gran estafa del Gobierno para favorecer a los bancos" pues, bajo su opinión, se está produciendo un "favor clarísimo a la banca" ya que como los procedimientos se demoran "muchos usuarios desisten del proceso y negocian con el banco".
Finalmente, el responsable de Justicia de CCOO en la provincia de Badajoz ha anunciado que el próximo 16 de octubre mantendrá una reunión con la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, para trasladarle la situación para "ver si puede hacer presión con el Gobierno para que nombre al personal que tiene que nombrar", así como para tratar cuestiones referentes al Palacio de Justicia de Badajoz.
