09 octubre 2017 | Publicado : 19:10 (09/10/2017) | Actualizado: 23:59 (09/10/2017)
Ep/Tv
La Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSD-Global ha pedido a los grupos parlamentarios extremeños que colaboren para impulsar a nivel nacional el "estatuto de la persona desaparecida", que supondría una "elaboración legislativa nueva" para que en los juzgados haya "herramientas suficientes para resolver los casos".
Así lo ha explicado el presidente de QSD-Global, Paco Lobatón, quien ha añadido que se trataría de dar a los casos de desapariciones "una salida judicial" para "poder llegar al final de las investigaciones" y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tengan esa base y apoyo de las instituciones judiciales".
Concretamente, se trataría de una herramienta legal que permitirá, por ejemplo, que no se archiven los casos cuando llegan a los juzgados y, por lo tanto, que la investigación continúe.
Paco Lobatón ha hecho estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido este lunes, en la Asamblea de Extremadura con la presidenta de la Cámara regional, Blanca Martín, representantes de los cuatro grupos parlamentarios, y con familiares de los extremeños desaparecidos Francisca Cadenas y Benito Calvo, a la que también tenían previsto asistir los de Manuela Chavero, que al final no han podido acudir.
Asimismo, el presidente de la Fundación QSD-Global ha recordado que "cada año se registran en España unas 21.000 denuncias por desapariciones sin causa aparente y, desde el año 2010, hay 4.164 denuncias que todavía permanecen activas". "A esa realidad hay que responder con herramientas legales, sociales, policiales y de todo tipo", ha insistido.
Junto con ello, Paco Lobatón ha considerado "muy importante que la Asamblea conozca esta realidad, también con el testimonio de las familias, por ese trabajo específico que realiza en el plano legislativo".
También, ha añadido que "creo que los parlamentos regionales pueden hacer una labor muy importante y acelerar el hecho de que en las Cortes Generales se llegue a la adopción de una norma que sea aplicable al conjunto del Estado español, pero también cumplirá un papel muy importante de acompañamiento a las familias, que es uno de los grandes déficits a los que nos enfrentamos".
