18 julio 2017
Ep
Becerril, que se había convertido en la primera mujer en ostentar el cargo, cesará el próximo 21 de julio y ya anunció su intención de no continuar en el cargo. Las mismas fuentes han señalado que ahora PP y PSOE negociarán el nombre de la persona que le sustituirá con un mandato de cinco años y que tiene que ser elegida por una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado.
En todo caso, el día de su cese, será precisamente Fernández Marugán el que permanezca de forma interina al frente de la institución, ya que es el adjunto primero de la Oficina. Nacido en Cáceres el 6 de octubre de 1946, ha sido diputado en ocho legislaturas. Es economista por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y de Inspectores de Hacienda. Además, es especialista en Economía Pública.
Por su parte, Rudi, nacida el 13 de diciembre de 1950 en Sevilla, es profesora Mercantil y auditora-censora jurada de Cuentas. Miembro del Comité Ejecutivo del PP y presidenta del PP de Aragón, ha sido presidenta de Aragón y alcaldesa de Zaragoza, así como diputada de las Cortes de Aragón, eurodiputada y diputada del Congreso en varias legislatura. Además, fue la primera mujer elegida presidenta del Congreso, en la VII Legislatura (2000-2004).
En una entrevista con Europa Press con motivo del final de su mandato, Becerril no desveló preferencias sobre un posible sucesor aunque subrayó que "en la vida pública hay que tener capacitación y afán para volcarse en el cargo".
Sobre la misión de quien le siga en el cargo, tiene claro que "casi todas" las tareas iniciadas por las institución deben continuarse. "La democracia es un sistema imperfecto y necesita reformas permanentes, modificaciones en todos los campos", ha dicho para hablar de temas como las viviendas vacías, trata de mujeres con fines de explotación o la llegada de refugiados.
En todo caso, uno de sus principales anhelos es que los libros de texto recojan un relato "con rigor" y "solvente" sobre ETA, que no sea como el de la mayoría de las editoriales de la actualidad que, a su juicio, se refieren casi siempre a las víctimas del franquismo y no a las de la democracia. Igualmente, quiere que las administraciones públicas reduzcan su tiempo de respuesta.
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