El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la firma de un convenio con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para el desarrollo del arbitraje de consumo, con el que se pretende ofrecer al ciudadano un sistema de resolución de conflictos extrajudicial.
Así pues, de acuerdo con este acuerdo, la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con sede en Mérida, conocerá, "con carácter prioritario", de las reclamaciones de los consumidores y usuarios de dicho ámbito, en relación con sus derechos legalmente reconocidos, de conformidad con los criterios competenciales y el procedimiento establecido en el Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo, aprobado por Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, según informa la Junta en una nota de prensa.
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