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11 abril 2025 | Publicado : 13:04 (11/04/2025) | Actualizado: 02:02 (12/04/2025)
La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha declarado este viernes que la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, "pone en serio riesgo" el dinero de la PAC que reciben los agricultores y ganaderos extremeños.
Y es que, según sus palabras, se ha conocido que el director general de la Política Agraria Comunitaria, Juan Eloy Rodríguez Ucedo, firmó 400 expedientes de resoluciones de estas ayudas por valor de 8,5 millones de euros, tras haberlas resuelto, previamente a su nombramiento, como técnico de la organización agraria APAG-Asaja en Coria.
Así pues, “hablamos de un caso de conflicto de intereses de manual que no cumple con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, ni con la de Altos Cargos, de la Junta de Extremadura”, ha añadido Gil Rosiña, quien se ha preguntado qué hará la responsable de esta consejería y la presidenta extremeña, María Guardiola, al respecto.
“Este caso no es un asunto menor”, ha declarado la portavoz para añadir que, con ello, con el pozo ilegal de la consejera y la concesión de ayudas al secano a una diputada popular, se constata que la Consejería de Agricultura "está ardiendo", mientras Guardiola "no mueve un dedo".
Asimismo, la portavoz socialista ha manifestado que la propia Junta de Extremadura reconoce la situación, tal y como demuestra una respuesta por escrito al Grupo Parlamentario Socialista, tras haber preguntado por ello, en la que queda reflejado que esos 400 expedientes fueron firmados por el director general de la PAC e incluso se adjuntan los números de expedientes, por lo que se ha preguntado si el gobierno de Guardiola piensa hacer algo.
“Los socialistas no vamos a estar callados porque nuestra tarea es velar por los intereses generales y fiscalizar la labor del gobierno, y si un procedimiento administrativo no se ha hecho conforme a la ley, nuestra obligación es denunciarlo”, ha añadido, según informa la formación socialista en una nota de prensa.
En este mismo sentido, la portavoz del PSOE ha explicado que la consejera del ramo "pone en riesgo" estas ayudas, "tan importantes" para la región, porque la Consejería de Agricultura es un organismo administrativo y por tanto ente pagador, encargado de recibir, tramitar y resolver el dinero que llega de Bruselas para agricultores y ganaderos.
“Si el director general tramitó los expedientes y luego los firmó, la consecuencia jurídica es que se está incumpliendo la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Extremadura”, ha dicho Gil Rosiña, quien ha considerado además que la Junta de Extremadura debería ir mirando las consecuencias administrativas por tratarse de organismo pagador.
