02 agosto 2024
La Federación Regional de la PYME de Construcción y Afines de Extremadura (PYMECON) se refiere a la prohibición de despido automático por incapacidad permanente y a la reducción de la jornada de trabajo con mantenimiento de salarios, en un contexto "cada vez más complicado, agravado por la escasez de mano de obra", que "vienen a empeorar la situación".
Se trata en ambos casos de "imposiciones" por parte del Ministerio de Trabajo que se iniciaron ya con las diferentes subidas del salario mínimo sectorial y que "se quieren apostillar con esa reducción de jornada, que no de mejora de productividad que es lo que debería buscarse, que se quiere imponer a toda costa".
En este sentido, subrayan que en el sector de la Construcción la jornada actual ya dispone de días de convenio y de reducciones de jornada en verano, por lo que "seguir acortando las horas de trabajo supone poner en peligro la normal ejecución de las obras que con la falta de personal, se ven lastradas considerablemente y sin solución a corto plazo".
Asimismo, Pymecon demandado una "verdadera dualización" de la formación, pero se encuentran con la dificultad de que es preciso un cambio legislativo estatal y que en este caso tan necesario, a diferencia de otras cuestiones "no se decide a poner en marcha, siguiendo el modelo alemán de éxito contrastado".
El "problema de personal" se traduce en la "imposibilidad" de cumplir con los plazos legales para la terminación de las obras, lo que se puede traducir para muchas empresas en "penalizaciones y quebrantos con afección directa a su cuenta de resultados", lo cual "por este camino, va a resultar imposible".
Asimismo, se refieren a otras "imposiciones" como el nuevo plan de pensiones de la construcción que supone "un gasto más" para las empresas, las nuevas reglas de las bajas de paternidad, o las obligaciones para los cambios de centros de trabajo a las empresas que tienen obras en diferentes provincias.
Por todo ello, hacen un llamamiento para que se "oiga a los empresarios y a las empresas" y se tenga en consideración a aquellos que "arriesgan su patrimonio y que crean empleo", y se llegue a una "verdadera negociación colectiva que escuche a todas las partes y tengan en consideración los intereses de todos los implicados".
