19 marzo 2024
El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para llevar a cabo operaciones financieras a corto plazo, con el objetivo de "cubrir las eventualidades que durante el ejercicio se produzcan por los desequilibrios transitorios en Tesorería debidos a la diferencia de vencimientos entre los pagos y los cobros".
Según recuerda el Ejecutivo regional, este mes de marzo el Consejo de Ministros autorizó a Extremadura operaciones de crédito a corto plazo por un importe total de 350 millones.
Cabe indicar que, se trata de un procedimiento al que acuden la mayoría de comunidades autónomas, y de hecho, explica la Junta, en el mes de enero, el Consejo de Ministros autorizó a varias de ellas a formalizar operaciones de endeudamiento a corto y a largo plazo.
En concreto, las comunidades beneficiarias son las de Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco, Baleares, La Rioja, Cantabria y Cataluña.
Así, y tras ser aprobado y concedido este crédito previamente por el Consejo de Ministros, corresponde al Consejo de Gobierno su aprobación definitiva.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la firma de un acuerdo por el que se establece un "sistema estable y recíproco" de intercambio de información entre las administraciones tributarias del Estado y de las comunidades y ciudades autónomas para el cumplimiento de sus fines, así como las condiciones y procedimientos por los que se deben regir dichos intercambios.
Este acuerdo se inscribe en el marco del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria creado mediante la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y se modifican determinadas normas tributarias.
El objetivo de este acuerdo es "fijar las condiciones, procedimientos y alcance del acceso recíproco a las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las administraciones tributarias de las comunidades y ciudades Autónomas".
Asimismo, uno de los principales objetivos de las administraciones tributarias debe seguir siendo la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, "especialmente en el actual escenario de crisis económica".
Además, señala que la reducción de cargas administrativas que pesan sobre los ciudadanos y empresas "es una preocupación creciente en los últimos años de las distintas administraciones públicas", como factor dinamizador e instrumento de impulso de la competitividad de la economía española.
Finalmente, el impulso de los intercambios de información entre las administraciones tributarias del Estado y de las comunidades y ciudades autónomas contribuirá a reforzar la eficacia en el desempeño de las competencias que tienen asumidas y, en particular, a mejorar la asistencia a los ciudadanos y empresas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y a luchar contra el fraude fiscal.
