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UPA-UCE denuncia que el grupo Conesa quiere cerrar precios del tomate que incumplen la ley

Esta organización agraria pide a la consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura que "actúe ante el registro de contratos ilegales".

14 febrero 2024 | Publicado : 13:02 (14/02/2024) | Actualizado: 17:44 (14/02/2024)

UPA-UCE Extremadura ha denunciado que el grupo Conesa "quiere saltarse la ley" y pagarle a los agricultores "unos precios ruinosos, que ni tan siquiera cubren los costes de producción".

En concreto, esta organización agraria ha lamentado que el grupo Conesa esté haciendo propuestas a última hora "de precios ruinosos" a 130 euros la tonelada, precios inferiores a los del año pasado y que no cubren “ni de lejos” los costes que tienen los agricultores y que suponen más de 150 euros por tonelada de gastos directos, a lo que hay que sumar la subida de un 10% de los fitosanitarios más los salarios de los productores.

“Estas industrias están intentando generar incertidumbre a los agricultores para presionarles y obligarles a que contraten a precios ruinosos. Y esto no lo vamos a consentir”, ha afirmado el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.

De hecho, un grupo de productores de tomate de UPA-UCE ya se concentra a las puertas de Conesa en Miajadas para denunciar esta situación, según informa la organización agraria en una nota de prensa.

Por eso, desde UPA-UCE piden a los agricultores y a las OPFH que "se mantengan firmes y no acepten, bajo ningún concepto, precios ruinosos", porque “es preferible sembrar menos hectáreas que producir mucho tomate barato que llene de beneficios a las industrias mientras los agricultores se arruinan produciendo”.

Además, UPA-UCE hace un llamamiento a los productores para que "no se dejen engañar", porque en otras comunidades autónomas "las industrias están cerrando contratos a otros precios".

Por último, la organización agraria presentará denuncias ante la AICA "de manera inmediata", si este jueves se registran contratos con precios "por debajo de costes" y exigirá a la Consejería de Agricultura que "actué ante el registro de contratos que vulneran la Ley de la Mejora de la Cadena Alimentaria y que, por tanto, son ilegales", concluye.

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