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Tras superar el debate de totalidad

La Ley de Simplificación Administrativa de Extremadura sigue su tramitación parlamentaria

Según defiende Pilar Blanco-Morales, con esta norma "ambiciosa e innovadora" se sientan las bases para garantizar un modelo de gestión dinámico y flexible.

05 mayo 2022 | Publicado : 13:24 (05/05/2022) | Actualizado: 00:14 (06/05/2022)

Rd./Ep.

El proyecto de Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa de Extremadura continúa su tramitación en la comisión correspondiente de la Asamblea de Extremadura tras superar este jueves su debate de totalidad en el Pleno.

En concreto, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha sido la encargada de presentar este proyecto de ley ante el hemiciclo del Parlamento, subrayado que con él el Ejecutivo extremeño "da un paso más en su afán por hacer de la Administración autonómica un instrumento al servicio de los ciudadanos y una palanca para el progreso en la región".

Según sus palabras, se trata de una norma "ambiciosa e innovadora", con la que se sientan las bases para garantizar un modelo de gestión "dinámico y flexible".

Para ello, este proyecto de ley acompaña a los particulares en sus iniciativas, "reduciendo obstáculos y trámites burocráticos, confiando en los ciudadanos y diseñando sus procedimientos en función de esa confianza", ha argumentado.

Además, esta norma, según ha explicado, tiene un triple objetivo. El primero es establecer un modelo de gestión flexible en el ejercicio de las políticas públicas, basado en la gobernanza por proyectos y articulado a través de las calificaciones integrales, la tramitación conjunta de proyectos y la gestión coordinada de procedimientos.

La segunda finalidad de la norma es racionalizar el régimen general de intervención administrativa y cambiar la forma de interactuar con ciudadanos y empresas. Esto se materializa, según ha explicado la titular extremeña de Administración Pública, en el principio de intervención mínima y, en el día a día de los ciudadanos, en la generalización de las declaraciones responsables y las comunicaciones.

En este sentido, las declaraciones responsables se exigirán para los supuestos en que los interesados precisen de la acreditación de determinados requisitos para el reconocimiento de un derecho o facultad, o para su ejercicio; y las comunicaciones para poner en conocimiento de la Administración los datos identificativos o cualquier otro relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

Blanco-Morales también ha resaltado que estas medidas se adoptan sin renunciar al control que garantiza que la acción de la Administración cumple sus fines y se desarrolla por los cauces legalmente previstos, según informa la Junta en una nota de prensa.

Precisamente, en este ámbito, ha matizado que las labores de comprobación o verificación se mantienen pero se realizarán de oficio y proactivamente, sin requerir la intervención de los interesados.

Finalmente, el tercer objetivo del proyecto de ley es la simplificación administrativa por dos vías. La primera, a través de la promoción efectiva de la simplificación en todos los ámbitos competenciales, que conlleva que se remuevan los obstáculos que la impidan o dificulten, así como la realización de las adaptaciones necesarias para ello.

La segunda vía de simplificación se centra en las medidas orientadas a flexibilizar la tramitación de los procedimientos, agilizarlos y reducir su duración y que afecta a cuestiones como la tramitación y emisión de informes, la tramitación urgente de iniciativas normativas, la reducción en los plazos de resolución, los registros y la proximidad a la ciudadanía.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

Tras la intervención de la vicepresidenta primera ha tomado la palabra el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén, quien ha considerado que esta ley tiene una serie de cuestiones "problemáticas", como que en determinados aspectos "es ininteligible e imprecisa", por lo que ha reclamado que la desarrollen más en esos puntos.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha valorado que esta ley supone un "cambio de paradigma" de la relación de la administración con los ciudadanos, aunque ha señalado que en la norma hay aspectos "mejorables", y en concreto, ha mostrado el desacuerdo de su partido con el régimen sancionador que se establece, por ser "demasiado inquisitivo".

Posteriormente, el diputado del Grupo Popular Juan Luis Rodríguez Campos ha considerado que esta ley "llega tarde", y además supone una norma "imprecisa" ya que está llena "de vaguedades que de no concretarse van a impedir que cumpla con su cometido".

Rodríguez Campos ha mostrado su preocupación por varios artículos, como el que alude a las encomiendas de gestión que se utilizarán, tras lo que ha avanzado el Grupo Popular realizará a esta ley "todas las aportaciones que nos permita mejorar el texto que se nos presenta".

Finalmente, la diputada del Grupo Socialista Estrella Gordillo ha valorado que este proyecto de ley "sitúa a Extremadura en la vanguardia de la simplificación administrativa", lo cual favorecerá la instalación de proyectos en la región, ya que será "una única instancia la que tramite ese proyecto", ya sea grande o pequeño.

La diputada socialista ha destacado que con esta norma se agilizará la tramitación de 31 procedimientos administrativos, todo ello con el objetivo de "hacer la vida más fácil a los ciudadanos y a las empresas", y de esta manera "atraer las mayores inversiones".

Finalmente, la vicepresidenta primera de la Junta ha concluido asegurando que las aportaciones de los grupos permitirán que la ley sea "todavía mejor", y ha explicado que esta norma "se sustenta en una modernización digital de la administración".

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