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15 diciembre 2021
Ep.
La Asamblea de Extremadura ha tumbado una propuesta de impulso presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que reclamaba a la Junta la devolución de las cantidades cobradas "indebidamente" a matrimonios en régimen de gananciales por la compra de explotaciones agrarias.
En defensa de su iniciativa, el portavoz de Hacienda del Grupo Popular Luis Alfonso Hernández Carrón ha subrayado que la Junta ejerce una "política fiscal ilegal y confiscatoria" que va en contra de los derechos de los agricultores, con el que el Gobierno regional propina un "hachazo fiscal más" a un sector como el primario que se encuentra en "plena crisis".
La propuesta ha recibido el apoyo de Ciudadanos, que ya presentó una iniciativa similar el pasado mes de abril reclamando estos importes, mientras que Unidas por Extremadura, que ha renunciado a su turno de intervención en el debate, se ha abstenido. La propuesta ha sido tumbada con los votos del PSOE.
En concreto, el PP reclamaba a la Junta que procediera de oficio y con carácter inmediato a la devolución de los importes satisfechos "indebidamente" en concepto del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el cónyuge del titular de una explotación agraria, como consecuencia de la no aplicación del beneficio fiscal del art. 11 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, en los supuestos de régimen de sociedad de gananciales.
En relación con lo anterior, también solicitaba que emitiera las resoluciones necesarias para modificar el criterio que se venía aplicando hasta el momento, de tal forma que en sociedad de gananciales sólo se practique una liquidación de dicho tributo, a la que deberán aplicarse las bonificaciones a las que haya lugar cuando uno de los dos cónyuges reúna los requisitos.
La propuesta ha llegado al parlamento después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 481/2021, de 28 de octubre de 2021, que desestimaba el recurso interpuesto por la Junta de Extremadura frente a la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional, de 21 de diciembre de 2020.
Una resolución en la que se estimaba la reclamación económico administrativa interpuesta como consecuencia de la no aplicación por parte de la Junta de Extremadura del beneficio fiscal del art. 11 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias al cónyuge del titular adquirente de explotaciones prioritarias en supuestos de sociedad de gananciales.
Según los populares, la Junta de Extremadura ha venido sosteniendo que en aquellos matrimonios en sociedad de gananciales, cuando un cónyuge tiene calificación de explotación prioritaria y el otro no, han de practicarse dos liquidaciones.
De esta forma, sólo el titular tiene derecho a la bonificación, debiendo el otro cónyuge liquidar el 50% del impuesto sin derecho a bonificación alguna, apartándose de esta forma del resto de comunidades autónomas que han aplicado la bonificación sin ningún criterio limitativo.
Con su sentencia, añaden los 'populares', el TSJEx ha venido a confirmar "algo evidente", esto es que en régimen de sociedad de gananciales es la sociedad quien adquiere el bien, en este caso la explotación prioritaria, y no cada uno de los cónyuges en copropiedad del bien con asignación de cuota determinada. Es decir, "no existe proindiviso, sino que ambos cónyuges son propietarios del total".
Una sentencia que, según ha anunciado el propio Carrón, la Junta ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo, que será el que debe decidir al respecto, y ante lo cual le ha recordado a los socialistas que la Junta, cada vez que pleitea "lo hace con dinero público de todos, pero los agricultores "se defienden con su dinero".
Asimismo, según Carrón, la propia Consejería de Hacienda habría devuelto a un reclamante las cantidades solicitadas, lo que supondría que reconoce que "se han equivocado".
En su propuesta el PP pide a la Junta que actúe de oficio devolviendo todas las cantidades cobradas "indebidamente", para evitar que todos los afectados tengan que reclamar. En este sentido, ha señalado que se desconoce cuantos hay y las cantidades cobradas, según su criterio, de forma indebida.
En esta misma línea, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha recordado su propuesta debatida el pasado mes de abril, y que esta sentencia les viene a dar la razón. Al respecto, ha señalado que el hecho de que "la Junta siga recurriendo una cuestión tan clara como esta es una autentica vergüenza".
Además, y tras señalar que la presión fiscal es uno de los "mayores problemas" que afronta el campo, ha lamentado que el recurso de la Junta va a "seguir alargando la agonía de muchas personas que han pagado grandes cantidades por algo que no deberían haber pagado", y que además la administración regional "no va a pagar de oficio, sino que obligará a presentar nuevos recursos".
Finalmente, la diputada socialista Ana Belén Fernández González ha justificado la actuación de la Junta subrayando que "siempre ejerce sus obligaciones bajo el principio de seguridad jurídica".
Además, ha reiterado el argumento ya expuesto el pasado mes de abril de que la sentencia "interpreta de forma diferente los efectos de la titularidad compartida con los efectos de la sociedad conyugal".
Asimismo, señala que en caso de que la Junta no mantuviera el mismo criterio "se produciría situación incongruente", porque aquellos que adquieran una explotación agraria en casos de cónyuges casados en régimen de gananciales, sería "indiferente que ambos se dedicaran a la agricultura o lo hiciera solo uno de ellos, porque el trato fiscal sería el mismo".
Por último, ha señalado que es una "lastima" que el PP haya traído a la Asamblea esta sentencia, en lugar de haberse preocupado por el desarrollo de la titularidad compartida, que es "un beneficio fiscal" y además da visibilidad a las mujeres que "tanto tiempo han trabajado invisibles en el campo, sin derechos".
Al respecto, en su último turno de intervención, el diputado del PP ha apuntado que ambas leyes "no tienen nada que ver", y que los socialistas pretenden "tapar este atraco con la ley de titularidad compartida".
