UPTA pide un proceso simplificado para las ayudas del Gobierno

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La organización de autónomos UPTA ha solicitado a la Junta de Extremadura, que debe gestionar los 106 millones de euros en ayudas directas a autónomos y pequeñas empresas que le corresponde a la comunidad del plan de rescate regulado por el Decreto 5/2021, que establezca diferentes tramos presupuestarios con el fin de que aquellos que más perdidas haya sufrido en el último año de la pandemia no se queden sin acceso a los fondos.

Así lo ha indicado el presidente de UPTA, Eduardo Abad, en una comparecencia en Mérida junto a la secretaria general de UGT de Extremadura, Patro Sánchez, antes de mantener una reunión para abordar esta cuestión con la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez.

En concreto, en la propuesta que están trasladado a todos los gobiernos autonómicos, además de solicitar la incorporación de otros 35 CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) al listado inicial de 95, para que no se quede fuera de las ayudas ningún sector de actividad, reclama diferentes tramos presupuestarios para distintos porcentajes de pérdidas sufridas durante el año 2020 en comparación con el de 2019.

La organización precisa que estos tramos presupuestarios deberían ir directamente relacionados con las pérdidas declaradas en el año 2020 con respecto al ejercicio 2019, con lo que, a mayor pérdida, mayor ayuda a otorgar.

De este modo, UPTA entiende que el 50% del presupuesto total que recibe cada territorio, es decir, 53 millones de euros en el caso de Extremadura, tiene que ir destinado exclusivamente a aquellos autónomos, pequeñas empresas y profesionales que hayan perdido más del 50% de su facturación.

A partir de aquí, con el 50% restante, la cuantía económica a conceder tiene que ir determinada por un tramo que vaya del 50% al 40% de pérdidas y por otro del 40% al 30% de minoración. Cada uno de estos dos tramos deberían ser otorgados con un 25% del presupuesto restante.

Con estas propuestas, UPTA pretende evitar discriminaciones entre los posibles beneficiarios de las ayudas, a fin de garantizar que las recibe quien más lo necesita. Para ello, rechaza que se descarte la concesión de las ayudas por orden de entrada, ya que el propio proceso dejaría fuera del plan de rescate a algunos profesionales que más lo necesiten.

Es el caso de los que muchos negocios que deben hacer un contraste de información sobre el IRPF o sobre Impuesto de Sociedades, lo que supone un proceso más largo a la hora de realizar la solicitud. De ahí, que se planteen los citados tramos presupuestarios que determinen cuáles son los requisitos.

Por su parte, UGT llevará estas y otras propuestas al seno de la concertación social en Extremadura, con el fin de mejorar el decreto y que las ayudas lleguen "rápido" a quienes lo necesiten, si bien Patro Sánchez ha incidido en la necesidad de que estén vinculadas al mantenimiento del empleo.

Unas ayudas que, además, han de llegar lo antes posible a sus destinatarios para evitar que toda la inversión realizada, a través de ceses de actividad o ayudas directas por parte de las administraciones hasta ahora "no servirán para nada" para pequeños negocios que acumulan meses de pérdidas, y en algunos casos no han recibido aún "ni un céntimo de euro".

Según Abad, están "en juego" más del 30 por ciento de los autónomos de Extremadura, y en este sentido cifra en 24.000 el número de trabajadores por cuenta propia que solicitarán una ayuda que considera "fundamental" para evitar su cierre.

Asimismo, ha elevado hasta los 40.000 el número de solicitudes que prevén que se presentarán en la comunidad a este decreto de ayudas, que debe estar "perfectamente estructurado", evitando criterios como la resolución por orden de llegada.

Según ha explicado, los autónomos que cotizan por módulos que con una declaración responsable pueden acreditar pérdidas de más del 30 por ciento, de tal forma que se agotarían los fondos para aquellos que están en estimación directa y para empresas que tributan a través del impuesto de sociedades.

Para agilizar tal "aluvión" de solicitudes, pide que se agilice el proceso de tal modo que los autónomos que están en módulos únicamente deban presentar una declaración responsable, mientras que los que se encuentran en estimación directa lo hagan a través de la declaración de la renta, así como a través de la presentación de las cuentas anuales de los impuestos de sociedades.

"Vamos a pedir una fórmula de acreditación de pérdidas que sea sencilla, pero que pueda asegurar que el dinero llegue rápido y a quien lo necesita", ha dicho Abad.

PRONTITUD EN LOS PAGOS

Asimismo, señala que sería "insostenible" que estas ayudas llegarán a los destinatarios en diciembre, y considera "razonable" que primeras comenzaran a abonarse en junio, para lo cual ha reclamado a la Junta de Extremadura que disponga de "todos los recursos humanos necesarios", para analizar los documentos y que las resoluciones sean "rápidas".

En este sentido, también ha propuesto la utilización de sistemas de verificación externos, en alusión a auditores de cuenta e incluso funcionarios de la Agencia Tributaria "que saben perfectamente comparar la declaración de la Renta de un año con la de otro para desprender la minoración de facturación de autónomos en estimación directa", o las cuentas anuales de cualquier empresa.

Después habrá tiempo de "analizar pormenorizadamente", ha añadido, la documentación presentada, al tiempo que se ha reclamado que "se persiga a quien las haya falseado" con el fin de "apropiarse de algo que no les pertenece".

AYUDA UNIVERSAL

Con respecto a la ampliación de los sectores beneficiarios de estas ayudas, UPTA plantea que el listado inicial de 95 CNAE se incremente con otros 35 que consideran "fundamentales", y entre los que se encuentran actividades como la artesanía, la enseñanza no reglada, agentes comerciales, así como las granjas escuela, en cuyo caso aún no han reiniciado su actividad tras el cierre de marzo de 2020 y que no han recibido ninguna ayuda aún.

En todo caso, en su opinión debería ser una ayuda universal, porque los CNAE son "un auténtico cajón de sastre", en el que dependiendo del funcionario "que te toque" y de cómo entienda cómo ha de encuadrar la actividad, "puedes estar en un CNAE totalmente distinto a la actividad que estás desarrollando". En este sentido, ha abogado por actualizar los códigos CNAE que están vigentes desde 1975.