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28 agosto 2020
Ep.
El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Francisco Javier Peinado, ha pedido al Gobierno de España a que se sume aportando fondos al Plan de Empleo y Competitividad que recoge la Agenda para la Reactivación Económica y Social de la comunidad autónoma.
Así se lo ha trasladado a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en la reunión que ha mantenido este viernes en Mérida con el Consejo de Gobierno de la Junta y con los agentes económicos y sociales.
De este modo, al término de la reunión, Peinado ha calificado como "muy positivo" que una vicepresidenta española se haya desplazado a Extremadura para conocer "de primera mano" la hoja de ruta acordada entre el ejecutivo y los agentes sociales, y que incluye este plan de empleo que puede servir como "la locomotora o palanca de tracción que necesita esta región para salir de la crisis y afrontar sus problemas estructurales".
También le ha reclamado una "diferenciación positiva" en el reparto de los fondos de cara a unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que asume que contemplarán "recortes", pero que no pueden afectar a las inversiones en infraestructuras de una comunidad como la extremeña con una "rémora histórica" en esta materia.
Por otro lado, le ha transmitido el deseo de que se traslade al ámbito nacional "el grado de eficacia del diálogo social que hay en Extremadura", como demuestra precisamente el encuentro celebrado este viernes, y que "más allá de la foto", supone una fórmula de "cogobernanza y corresponsabilidad" en la que hay acuerdos y "a veces desacuerdos, pero que van pactados".
Una gobernanza que es la que, considera Peinado, demanda la sociedad y que no pasa por el "asambleismo", sino por la participación de una "sociedad civil estructurada y legítimamente regulada".
Por último, le ha trasladado a la vicepresidenta la necesidad de que el país cuente con unos servicios públicos eficientes y de que las instituciones públicas ganen en "credibilidad", así como le ha reclamado mayor "estabilidad normativa", tras un periodo de urgencia motivado por la pandemia, dado que la inseguridad jurídica es "un lastre para la economía".
