27 septiembre 2019 | Publicado : 09:09 (27/09/2019) | Actualizado: 22:18 (27/09/2019)
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este viernes la orden por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2019 y la apertura del ejercicio de 2020 con el objetivo de que se regulen las operaciones sobre gestión financiera y contabilidad pública, y en un "compromiso con la estabilidad presupuestaria".
Así pues, con el fin de facilitar la coordinación de los trabajos y la incorporación en el presupuesto de 2020 del cambio orgánico producido mediante el decreto del presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, número y competencias de las consejerías que conforman la Administración regional.
En concreto, el cierre previsto, que establece como fecha límite de entrada de documentos contables el 4 de octubre, tiene como objetivo la "contención" de los gastos en aquellas cuestiones que "no sean prioritarias para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales" y, al mismo tiempo, "limitar su efecto con el déficit autonómico".
A través de una nota de prensa, la Junta de Extremadura incide en que esta decisión se toma tras un análisis "pormenorizado" de todas las áreas de la Administración, de forma que se eviten "efectos perjudiciales" sobre alguna partida "sensible a las necesidades prioritarias de los extremeños", y "afecta" a la Administración General y a los organismos autónomos y entes públicos de la comunidad extremeña.
Quedan, por tanto, excluidos de la orden de cierre presupuestario las partidas que se refieren a endeudamiento, gastos de personal, expedientes de contratación "ya iniciados", los que estén ligados al cumplimiento de plazos impuestos por la normativa europea y, en general, los que afecten a servicios públicos "fundamentales", como es el caso de la dependencia, la discapacidad, las prestaciones sociales o sanitarias o las ayudas al empleo.
Una medida que se enmarca en el "compromiso" del Ejecutivo regional con la "estabilidad presupuestaria" y el "cumplimiento" de los objetivos marcados por el Estado, indicadores que, según ha reclamado la Junta de Extremadura, "deberían repartirse de forma equitativa entre las comunidades autónomas", concluye.
