05 junio 2019
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha rechazado la subida del precio del agua como medida para alcanzar un uso eficiente de este recurso, tal y como plantea el Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España (LVGA) impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de abordar un cambio en la política hidrológica nacional en un contexto de cambio climático.
Así pues, Del Campo, que participa en el XXXVII Congreso Nacional de Riegos celebrado en Don Benito (Badajoz), se ha opuesto a la modificación del régimen económico-financiero del agua propuesta en el Libro Verde, para lo que ha argumentado que la legislación española ya está adaptada al principio de recuperación de costes que pide la normativa europea -la Directiva Marco de Agua (DMA)- y que es necesario aplicarlo "de forma correcta".
De este modo, según la documentación oficial aportada por Fenacore, en España se recupera el 80 por ciento de los costes financieros relacionados con el agua y cerca del 70 por ciento de los costes totales, lo que demuestra que "efectivamente se cumple con la normativa europea, máxime cuando la Directiva Marco de Agua no exige recuperar el montante total, sino tener en cuenta el principio de recuperación de costes".
Concretamente, tal y como ha indicado Fenacore en una nota de prensa, habría que determinar qué precio deben pagar por el agua los usuarios y qué debe cargarse a los Presupuestos Generales del Estado, ya que los costes ambientales "tienen que ser asumidos por la sociedad en su conjunto".
En este sentido, ha recalcado que si se incrementa la tributación del agua, se "perjudicará todavía más la competitividad de un sector estratégico como es la agricultura, ya en clara desventaja por unos costes de producción desorbitados debido al fuerte encarecimiento de la factura eléctrica en los últimos años".
En opinión de los regantes, las modificiaciones planteadas en el Libro Verde son una muestra de que el equipo encargado de llevar a cabo su redacción "desconoce por completo aspectos básicos" como que la legislación actual promueve ya un uso eficiente del agua, a través de la modernización de regadíos, "siendo necesario impulsar el Plan Director de Regadíos orientado a modernizar las 800.000 hectáreas todavía pendientes de acuerdo al doble objetivo de ahorrar agua y energía".
UNA COMPETENCIA ESTATAL Y NO LOCAL
De esta forma, y en opinión de Fenacore, un trabajo de este relieve "debería haberse encargado a un centro oficial reconocido internacionalmente y con experiencia como consultora oficial de la Administración del Agua como es el CEDEX, en lugar de delegar las propuestas a las comunidades autónomas a través de foros territoriales, haciendo prevalecer el interés localista sobre el general, cuando el agua es competencia del Estado".
Además, entre los 32 expertos elegidos para desarrollar las propuestas para este Libro Verde, ha añadido Fenacore, "apenas había dos representantes de las comunidades de regantes", a pesar de concentrar el 75 por ciento de la demanda de agua en España.
"Un desequilibrio que ha dado como resultado un planteamiento donde el medio ambiente aparece como único y principal objetivo de la legislación y la administración hidráulica, dejando de lado otros objetivos generales de primer orden como la satisfacción de las diferentes demandas", ha considerado.
Por ello, Fenacore ha expuesto que estas "inconsistencias" unidas al hecho de que la ministra de Transición Ecológica, ahora en funciones, responsable del agua en España, "no se ha reunido todavía con los representantes del 80 por ciento del regadío en España hacen temer a Fenacore que esto desemboque en un diseño erróneo de la política del agua" en España.
Asimismo, ha añadido que explica que dicha federación haya elevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una petición formal para el traspaso de estas competencias a la cartera de Fomento.
Finalmente, según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, "mal encaminada va la política del agua en España si se diseña sin tener en cuenta desde el minuto cero el criterio de los principales usuarios del agua, que son los regantes, y se le cede la responsabilidad a nuevas corrientes ecologistas que rayan el extremismo al defender que las cuencas no tienen déficits sino demasiada demanda y que para reducirla hay que incrementar las costes del agua".
