05 abril 2019
La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha resaltado la defensa que hace su formación de los trabajadores del Grupo Gallardo, mientras el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el presidente de PP regional, José Antonio Monago, "se pelean por presidir actos".
Así pues, De Miguel ha mantenido este viernes una reunión con el presidente del Grupo Gallardo Balboa, Alfonso Gallardo, para abordar la situación actual del grupo y el futuro de sus trabajadores.
En concreto, esta reunión surge después de que De Miguel mantuviera un encuentro con miembros del comité de empresa del Grupo Gallardo Balboa, en el que le trasladaron que, debido a los problemas financieros del conglomerado empresarial, ven "peligrar sus puestos de trabajo".
Así, la candidata ha asegurado, tras salir de la reunión con Gallardo, que "mientras Vara y Monago están enfrascados en ver quién preside los actos, nosotras estamos aquí intentando defender los empleos de numerosas familias de Jerez de los Caballeros y su entorno".
De Miguel ha explicado que el Grupo Gallardo está atravesando "dificultades económicas", y por ello, ha considerado que "la administración pública no puede permitir que este emporio empresarial se vaya a la quiebra debido a las numerosas personas que trabajan en él".
"No podemos dejar abandonados a los trabajadores y a sus familias", ha insistido.
La propuesta de Podemos Extremadura para este grupo empresarial pasa por crear una auditoría pública para analizar su estado financiero, "y si éste es positivo, que la administración pública participe de su gestión de forma transparente, eficaz y con responsabilidad social", según ha destacado en una nota de prensa.
De esta forma, ha recalcado, se evitaría, ha afirmado De Miguel, que un fondo de inversión extranjero termine comprando la empresa, "que en cualquier momento luego puede venderlo, acabar con él y poner a todos los trabajadores en la calle".
Finalmente, la candidata de Unidas por Extremadura considera que la administración pública "no puede estar de brazos cruzados mientras uno de los grandes grupos empresariales de Extremadura se viene abajo".
