22 marzo 2019
El secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, ha cifrado este viernes en 1,5 millones de euros la cuantía que deberán pagar los cultivadores extremeños de fruta de hueso para sustentar la interprofesional del sector.
Así pues, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, Cortés ha señalado que "lo último que necesitan los productores de fruta de hueso es un impuesto revolucionario" a través de la interprofesional de un sector como es el de la fruta dulce que atraviesa "una crisis importante de precios", debido fundamentalmente, ha señalado, a la pérdida del mercado ruso y a los márgenes "exorbitados" de los intermediarios.
En concreto, según los datos aportados por esta organización agraria, Extremadura cuenta con alrededor de 24.110 hectáreas de frutales de hueso (melocotón, nectarina, albaricoque, ciruelo y cerezo) que producen unas 480.000 toneladas de fruta que se destinan principalmente a la exportación.
De este modo, Cortés ha expuesto que la solución a esta "crisis" pasa, por un lado, por arrancar dos variedades de melocotón y nectarina que se "solapan en el tiempo" y que son las "verdaderas responsables del hundimiento del mercado".
Por otro, por el cumplimiento de las leyes de libre competencia y de la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria para que "intermediarios y especuladores no provoquen un incremento del precio del 800% entre lo que recibe el agricultor y lo que le cuesta a los consumidores", tal y como informa la organización en una nota de prensa.
Así, Cortés ha defendido que son las distintas administraciones las que han de poner en marcha estas medidas para "garantizar el futuro del sector".
Sin embargo, el secretario técnico de La Unión ha acusado a Asaja, UPA y Coag de estar "presionando" al Ministerio de Agricultura para "legalizar" la interprofesional de fruta de hueso para "poner un impuesto a los fruticulturas para gastárselo en lo que mejor les parezca".
A este respecto, tal y como asegura Cortés, estas organizaciones agrarias proponen aprobar una extensión de norma por la que "todos los fruticultores les paguen a ellos" más de 8,5 millones de euros en España, de los cuales unos 1,5 correspondería a los extremeños, con la "excusa de promocionar el producto".
Así, sostiene que esta norma ya se aplica en otros sectores, como es el caso del aceite de oliva, la aceituna de mesa y el vino, en los que que actualmente están se están gastando al año 17,1 millones, con el "hundimiento de los precios" de estos tres productos como resultado.
De esta forma, considera que está "demostrando que aplicar un impuesto revolucionario a los agricultores solo sirve para arruinarlos un poco más".
Ante esta situación, ha avanzado que La Unión Extremadura "no va a permitir que se les robe a los agricultores parte del escaso precio que reciben por sus productos, sin saber el destino de los fondos sustraídos", y ha anunciado una campaña informativa para que cada fruticultor conozca "el importe que le quieren sustraer los dirigentes de estas tres organizaciones".
