13 marzo 2019 | Publicado : 17:45 (13/03/2019) | Actualizado: 19:55 (13/03/2019)
La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, la administración autonómica debe garantizar el mantenimiento de la actividad de las grandes empresas que operan en la región, pero "siempre exigiendo una responsabilidad social".
Así lo ha indicado con motivo de la reunión que, junto a la candidata de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Badajoz, Amparo Botejara, y el diputado de Podemos en la Asamblea de Extremadura, Daniel Hierro, han mantenido este miércoles con miembros del comité de empresa del Grupo Gallardo en Jerez de los Caballeros (Badajoz).
En concreto, se trata de trabajadores que "ven peligrar sus puestos de trabajo debido a los problemas financieros por los que atraviesa la empresa", tal y como informa Podemos en una nota de prensa.
A su vez, De Miguel ha afirmado que Podemos estudiará las alternativas para "garantizar" los puestos de trabajo de los que "depende la comarca entera".
Por ello, considera que la administración autonómica debe ser "corresponsable" y estar siempre de lado de los trabajadores y trabajadoras porque las grandes empresas acostumbran "desgraciadamente a arruinar" las comarcas "cuando deciden deslocalizarse porque tienen problemas financieros o porque no tienen beneficios tan abultados".
Para la candidata de Unidas Podemos la administración debe garantizar que se siga manteniendo la actividad, "pero siempre exigiendo una responsabilidad social por parte de las empresas".
En este sentido, ha mostrado su preocupación por leyes como la que se debate este jueves en la Asamblea de Extremadura, que ponen "alfombras rojas a grandes empresas que no crean empleo estable, y que cuando no tienen tantos beneficios como esperaban, no tienen ningún problema en irse a otra parte, dejando un grave problema social y económico en un territorio como Extremadura", ha dicho.
Por último, De Miguel ha insistido en que la protección de las plantillas debe ser primordial, y para ello la administración debe trabajar para que no se destruya empleo y para que "las grandes empresas que operan o quieren operar en Extremadura tengan responsabilidad social", ha sentenciado.
