07 marzo 2019 | Publicado : 13:20 (07/03/2019) | Actualizado: 23:00 (07/03/2019)
Ep.
El exconsejero Pedro Tomás Nevado-Batalla ha reclamado al nuevo gobierno autonómico que surja de las elecciones del próximo 26 de mayo impulse a través de los servicios jurídicos de la Junta la reapertura de la investigación sobre supuestas irregularidades en la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEx) anteriores a 2011, que ya motivaron dos causas contra su exdirector general, Jaime Ruiz Peña, ambas archivadas desde 2016.
Así lo ha indicado en su comparecencia en la Comisión no permanente de investigación sobre la Contratación de Personal en el Sector Público Empresarial de Extremadura, que se celebra en la Asamblea de Extremadura, la misma en la que a finales del pasado mes de enero el propio Ruiz Peña mostraba las sentencias que archivaban las causas abiertas contra él.
Cabe recordar que Nevado-Batalla fue consejero de Administración Pública entre los años 2011 y 2014, durante la legislatura del gobierno del PP presidido por José Antonio Monago, que encargó una auditoría para conocer la situación en la que se encontraba dicho ente, cuyos resultados sirvieron de base para que se abriera una causa penal contra Ruiz Peña.
Su comparecencia este jueves en la Asamblea ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, tras pedirlo voluntariamente el propio Nevado-Batalla, para responder a unas "graves acusaciones" de Ruiz Peña tras su paso por la propia comisión de investigación.
Entonces, el exdirector general de GPEx apuntó a la contratación de una auditora de "amigos" del propio Nevado-Batalla con el objetivo de orquestar un "complot" contra él, según ha señalado la diputada popular Eva Pérez Zamora este jueves en la comisión.
Unas declaraciones que, ha reconocido Nevado-Batalla, le dejaron "ojiplático" al proceder de una persona sobre la que ha dicho que tiene "cierta relación de amistad" y "buena consideración", al tiempo que ha negado conocer a los responsables de la auditora ATD, que asegura que tuvo constancia de su existencia tras estas palabras de Ruiz Peña, puesto que fue contratada en el marco de un plan de auditorías impulsado por la Consejería de Economía y Hacienda.
"Solo desde la temeridad y la extravagancia se puede hacer una afirmación de esa entidad en sede parlamentaria", ha subrayado el exconsejero extremeño.
Además, en respuesta a las preguntas de la diputada 'popular', ha señalado que estas palabras de Ruiz Peña vienen a "enturbiar" y a "desacreditar" a las instituciones públicas, además de ser "una línea de defensa bastante débil".
En esta línea, ha señalado que pese al archivo de la causa, los informes del Tribunal de Cuentas "no precisamente avalan" la gestión de Ruiz Peña, así como que "solo desde el punto de vista de un mal ejercicio de las competencias", fue también cerrada la vía penal que él mismo inició "en orden a la defensa del dinero público".
En este sentido, ha subrayado que si de él dependiera, y al respecto ha deseado que así lo ejerza el futuro gobierno que se forme tras las elecciones del 26 de mayo, se reabran estos casos y los servicios jurídicos de la Junta "defiendan como se debe los intereses económicos" de la comunidad, y "sobre todo la dignidad de Extremadura".
DESPIDOS EN EMPRESAS PÚBLICAS
También en respuesta a las preguntas de la diputada popular, ha justificado su gestión sobre GPEx durante su mandato, tras detectarse que la fusión de empresas públicas ordenada en 2010 por el anterior ejecutivo socialista no estaba dando los frutos deseados en materia de ahorro y eficiencia.
El gobierno anterior se había marcado un ahorro del 10 por ciento en gastos de funcionamiento y del 40 por ciento en los de estructura, pero al poco tiempo de iniciar su mandato el Ejecutivo del PP detectó que no se estaba produciendo "ningún tipo de ahorro" y además se detectaron "problemas evidentes".
Nevado-Batalla ha definido la operación como la creación de "una superestructura con una base de barro", y en este sentido ha desvelado que en 2011, en un contexto económico "complicado", la empresa pagaba 480.000 euros en alquileres de sedes, y solo la principal tenía un coste mensual de 8.800 euros mensuales, algo que ha definido como "totalmente inviable".
Además, ha dicho que la situación de crisis económica en la que estaba sumida la comunidad entonces provocó un descenso de las encomiendas de gestión por parte de la Junta, único cliente de GPEx, del 25 por ciento.
A su vez, la propia fusión de empresas generó un "desorden sociolaboral evidente", donde diferentes trabajadores que procedían de distintas empresas tenían derechos laborales y retribuciones diferentes.
NIEGA LOS "DESPIDOS IDEOLÓGICOS"
Por otro lado, ha negado que hubiera "despidos ideológicos" de trabajadores durante aquella época, y al respecto ha señalado que se trata de una afirmación "absolutamente extravagante" y "muy grave".
Al respecto, ha subrayado que en aquella época se hizo "lo que se tenía que hacer" para ahorrar tanto en estructura como en gastos, en la línea de los objetivos marcados por el anterior Ejecutivo.
De esta forma, ha reconocido que hubo 21 despidos "objetivos", algunos de los cuáles ha calificado como "muy dolorosos" Por su parte, la diputada socialista María Teresa Macías ha señalado que estos despidos por razones de afinidad política eran "reales", como demuestra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que así lo "acreditan", y por los que cinco trabajadores de Avante recibieron una indemnización de 1.052.000 euros en indemnizaciones.
Asimismo, Macías ha dicho que los socialistas tienen cuantificados más de un centenar de despidos, con indemnizaciones que suman un montante de 2 millones de euros.
Con ello, ha reprochado a Nevado-Batalla que se produjeran estos despidos al mismo tiempo que se incrementaban las partidas de publicidad y promoción en Gespesa en "25 veces", o que se utilizara Avante para el patrocinio de cantantes con el objetivo, ha señalado la diputada socialista, de "promocionar a Monago y al PP".
Sobre los gastos en publicidad, Nevado-Batalla ha señalado que se trataba de reconvertir el grupo empresarial para que dejara de ser "una organización pasiva" por su dependencia de la administración regional, a otra más activa, mientras que sobre Avante ha dicho que no estaba en su ámbito competencial, puesto que dependía de la consejería de Economía y Hacienda.
La diputada de Ciudadanos no ha formulado preguntas, y tampoco desde el Grupo Parlamentario de Podemos, ausente en la sesión.
