28 enero 2019
El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Francisco Javier Peinado, ha considerado que el real decreto-ley que obliga a cotizar a la Seguridad Social por las prácticas académicas supone "un error" que "conllevará costes añadidos para las empresas y pondrá en peligro dichas prácticas".
Al mismo tiempo, ha defendido que esta medida es un "error" que lo que conseguirá es "desincentivar las prácticas en empresas porque si ya de por sí hay problemas para conseguir que haya empresas dispuestas a acoger a personas en prácticas, esto lo va a dificultar aun más".
A través de una nota de prensa, el secretario general de la Creex ha señalado que "inicialmente" un becario "no aporta valor añadido y por eso no se puede justificar que la empresa tenga que asumir ese coste".
Además, ha recordado que un becario representa ya "otros costes materiales y de tiempo" porque hay que preparar un puesto de trabajo y necesita un tutor que se encargue de su formación.
Por todo esto, ha advertido de que esta medida "lastrará la productividad y la competitividad de las empresas" y su puesta en marcha "no servirá para paliar los problemas de liquidez de la Tesorería de la Seguridad Social".
"Otra cosa es que sean los organismos estatales o privados que ofertan esta formación los que interioricen el coste, como la Administración o las universidades", ha propuesto.
A su vez, considera que la medida "aumenta la inseguridad jurídica" existente en la actualidad en relación con el momento a partir del cual empieza a regir esta obligación.
Igualmente, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha criticado esta "imposición" porque "no" ha sido abordada en el marco del diálogo social, tal como según indica estaba "comprometido" en la composición de las diferentes mesas tripartitas y en el Plan de Choque de Empleo Joven y por "no" haber cumplido el "compromiso" de analizar de manera "conjunta" y "global" la figura del estatuto del becario.
Para la Confederación, esta circunstancia "perjudicaría" tanto a las empresas y los estudiantes, como al sistema de Formación Profesional y Universitario, y al propio mercado de trabajo al "perder" esta herramienta de "acercamiento" de la educación a las necesidades laborales.
Finalmente, solicita que en la tramitación como Proyecto de Ley se implemente el acuerdo que surja de un proceso de "diálogo" y "negociación tripartito" en la Mesa de Empleo y Relaciones Laborales.
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