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Plan Director por Trabajo Digno transforma en indefinidos 1.246 contratos fraudulentos

En Extremadura, entre enero y agosto, la cifra de transformación de contratos en indefinidos ha sido de 2.697, superando los resultados totales de 2017.

28 septiembre 2018

La aplicación en Extremadura del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, ha transformado en indefinidos 1.246 contratos temporales fraudulentos, lo que significa el 62,5 por ciento de los trabajadores afectados.

Así lo ha revelado este viernes la consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, acompañada por el subsecretario de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Raúl Riesco, y la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco.

En concreto, en Extremadura los resultados de la actuación de la Inspección de Trabajo en la lucha contra el fraude en la contratación temporal "son positivos", pues entre enero y agosto de 2018 la cifra de transformación de contratos en indefinidos ha sido de 2.697, superando así los resultados totales del año 2017, donde se alcanzaron 2.561 transformaciones, y duplicando las cifras de 2016, con 1.210 contratos temporales transformados en indefinidos.

Previamente a la presentación, en un acto celebrado en la sede de Presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida, ha tenido lugar una reunión a la que también asistieron la directora general de Trabajo, Sandra Pacheco; la directora general de Empresa, Ana María Vega, así como la directora del organismo estatal de la Inspección de Trabajo, María Soledad Serrano, junto con representantes de los sindicatos extremeños.

El Plan Director por un Trabajo Digno fue aprobado en Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, con el objetivo principal de recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo, reforzando la sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales.

Su puesta en práctica implica un giro cualitativo en las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, centradas con el anterior Gobierno en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que sin olvidar dicho objetivo ahora se orientarán a la lucha contra la precariedad laboral.

De este modo, entre las medidas que se contemplan destacan las destinadas a luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, así como contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, excesos de jornadas y horas extras no pagadas ni compensadas.

De agosto a diciembre de 2018, se ha puesto en marcha un plan de choque que ha supuesto el envío de un total de 81.639 cartas a empresas "presuntamente incumplidoras" en toda España, 57.677 relativas a fraude en la contratación temporal y 23.962 relativas a contratación a tiempo parcial.

Una segunda fase implicará que, aquellas empresas que no hayan regularizado su situación como consecuencia de la comunicación recibida, o bien hayan procedido a la extinción de la relación laboral de los trabajadores afectados, serán objeto de la correspondiente actuación inspectora.

En Extremadura, el número total de comunicaciones remitidas en la primera fase del plan de choque ha sido de 1.992, de las cuales 1.511 son relativas a fraude en contratación temporal y 481 afectan a posibles supuestos de uso irregular de la contratación a tiempo parcial, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

"BUENOS RESULTADOS"

Mientras, Raúl Riesco ha destacado los "buenos resultados" de la actuación de la Inspección de Trabajo en la lucha contra la utilización fraudulenta de la contratación temporal, que en Extremadura ha superado la media nacional.

Igualmente, ha anunciado que se va a aumentar el cuerpo de inspectores en 833 plazas en todo el país y un aumento del presupuesto nacional para la Inspección de Trabajo en 30 millones de euros.

Para finalizar, el responsable ha señalado que la reforma laboral unilateral que llevo a cabo el Gobierno de España en 2012 “dejó graves heridas en el mercado de trabajo”, y aunque la temporalidad ya era un problema estructural en el mercado de trabajo, ha aumentado como consecuencia de la citada reforma.

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