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Ayudas a inversiones en activos físicos vinculados a la producción agroindustrial

El decreto aprobado por la Junta tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad de las explotaciones, la permanencia de la actividad agraria.

12 junio 2018

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la modificación del decreto 2/2017, de 24 de enero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las inversiones en activos físicos vinculados a la producción agroindustrial.

En concreto, según ha explicado al Junta tras la celebración del Consejo de Gobierno, la publicación del Decreto 2/2017, de 24 de enero se produjo cuando estaba en tramitación una modificación del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, por lo que las ayudas establecidas en el mismo quedaban condicionadas a la aprobación por parte de la Comisión Europea de la modificación tramitada.

Aprobada esta modificación del Programa de Desarrollo Rural en julio de 2017, resulta necesario modificar el decreto 2/2017, de 24 de enero, para adaptar su texto a la modificación aprobada, concretamente, en dos aspectos fundamentales.

Así, por un lado, en relación a los requisitos para ser beneficiario (no se exige tener domicilio fiscal en Extremadura), y, por otro lado, en relación a los criterios de valoración y ponderación para el otorgamiento de la ayuda.

Este decreto tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad de las explotaciones, la permanencia de la actividad agraria, generando o manteniendo puestos de trabajo y, por tanto, fijando la población en el medio rural, así como preservar el medio ambiente.

ENCARGO A TRAGSATEC

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio para realizar el encargo de las labores de apoyo en controles de ayudas asociadas a la ganadería en la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante 2018, a la empresa pública Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec), por un importe de 189.993,04 euros.

El objetivo principal de este encargo es cumplir con los porcentajes y plazos de controles sobre el terreno exigidos por la normativa comunitaria. Los trabajos se iniciarán el 1 de julio de 2018 y finalizarán el 15 de diciembre de 2018, apunta el Ejecutivo regional.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha estudiado el borrador del decreto de coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio.

Tras la aprobación, en la Asamblea de Extremadura, de la Ley 2/2018, de 14 de febrero, de coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio de Extremadura se contempla la creación de la comisión de coordinación intersectorial con el fin de coordinar la emisión de los informes sectoriales en los procedimientos para la aprobación de los instrumentos de ordenación, cuando su aprobación definitiva corresponda a la Junta de Extremadura.

Finalmente, este decreto regula las atribuciones y el régimen de organización y funcionamiento de la comisión de coordinación intersectorial, así como las normas de procedimiento en la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística y territorial.

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