PYMECON denuncia el "parón" en la licitación de obra pública

La Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon) ha considerado "inadmisible" la "falta absoluta de previsión y preparación" de las administraciones ante la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público que ha provocado un "parón" en la licitación de obra pública.

Una nueva legislación que, tal y como detalla en una nota de prensa, entre sus exigencias destaca la necesidad de que toda la licitación pública se lleve a cabo de forma electrónica, algo que "aparentemente debería ser intrascendente" ya que todas las administraciones conocían "con gran antelación la necesidad de adecuar sus estructuras a esta obligación", pero que "está suponiendo un auténtico bloqueo y caos en muchos casos que está conllevando un parón absoluto en la licitación de obras públicas de la mayoría de administraciones".

Así pues, la organización empresarial lamenta que "la mayoría de administraciones no están técnicamente preparadas" para poder llevar a cabo estos cambios, lo que en el caso de Extremadura puede suponer incluso "la pérdida y devolución de fondos europeos destinados a inversiones que no se van a llevar a cabo", algo que una comunidad como la extremeña "no puede permitirse bajo ningún concepto, dada su precaria situación".

Además de este "parón en las licitaciones", señala Pymecon que "no hay ejecuciones de obra en marcha", y en este sentido ponen como ejemplo el Plan de Desarrollo Rural, que "llevará poco más de un 20% de ejecución" a estas alturas del año, o las actuaciones en obras hidráulicas y depuración.

De esta forma, la organización concluye que se pueden perder por este motivo "del orden de 50 o 60 millones de euros a consecuencia de esta mala gestión, derivada de los problemas de licitación fundamentalmente".

Si a ello se suma que "no hay fondos para afrontar la cofinanciación que exigen este tipo de planes con subvención comunitaria", Pymecon propone que se arbitren "fórmulas" por parte de la Junta de Extremadura para conseguir los recursos necesarios, ya que es "intolerable que se pueda llegar al caso de que se tenga que renunciar a gran parte de esos fondos".

RETRASO EN LOS PAGOS

Por otro lado, la federación critica la existencia de ofertas de obras por parte de la "mayoría" de grandes constructoras del país que "exigen a los subcontratistas que acepten pagos a 180 e incluso 210 días, lo cual supone un abuso absoluto además de un incumplimiento flagrante de la ley, con unas condiciones impuestas y sobre las que prácticamente no cabe negociación, y que además se incluyen como peticiones de la propia empresa subcontratista".

Se trata de una cuestión "inaceptable que choca contra cualquier normativa existente en materia de lucha contra la morosidad", por lo que confían en que la nueva Ley de contratos del sector público "empiece a paliar y erradicar estas prácticas abusivas".

Para finalizar, critican la "falta de rigor" existente en proyectos de obras que sacan a licitación "algunos organismos", ya que tienen la "percepción" de que hay técnicos que están "a la defensiva" y "en muchos casos su acción supone una huida hacia adelante, intentando por todos los medios que se ejecuten las obras con las carencias que recogen los proyectos, lo que redunda en perjuicio de las empresas adjudicatarias".

Por ello, " no se permite ni una sola liquidación adicional, incluso en los supuestos en los que llega a reconocerse por los propios técnicos encargados de la redacción que faltan cuestiones básicas en el proyecto, pese a lo cual no se admiten ningún tipo de ampliaciones ni modificados sobre los mismos, llegándose a la paradoja de tener que rechazar en diversas ocasiones la invitación para presentar ofertas dado que hay proyectos que no cubren ni siquiera gastos de ejecución", sentencia.