CCOO valora acuerdo PGEx pero duda sobre los ingresos

CCOO de Extremadura resalta que, por primera vez en la historia de la región, dos fuerzas progresistas hayan llegado a un acuerdo para sacar adelante un Presupuesto autonómico con un carácter más social y especialmente centrado en la creación de empleo.

En cualquier caso, desde el sindicato se advierte que la previsión de ingresos está condicionada a incertidumbres relacionadas con la situación política española que podrían trastocar los resultados finales en sentido negativo y afectar al balance presupuestario.

Es positivo que el Presupuesto se incremente en 262 millones de euros, con un montante total de 5.434 millones de euros, tras dos años consecutivos de unas cuentas restrictivas en la región. Esto permite destinar más fondos al impulso económico, el empleo y políticas sociales.

En valores nominales, se trata del Presupuesto de mayor cuantía desde el ejercicio 2010 cuando las cuentas regionales contaron con un crédito inicial de un total de 5.620 millones de euros.

CCOO muestra su preocupación por las sombras que se ciernen ya en cuanto a los ingresos, que podrían ser menos de los previstos. De hecho los primeros días del año el Ministro de Hacienda anunciaba la congelación de los aumentos en los anticipos a cuenta del sistema de financiación de las autonomías hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Para Extremadura esto supondría una merma de 137 millones de euros sobre los ingresos previstos.

La subida del Presupuesto regional se sustenta en unas previsiones de mejora de la recaudación impositiva por la recuperación económica vinculada con la cesta de tributos y las transferencias del sistema de financiación, así como, de las transferencias de capital que puedan venir del Presupuesto estatal.

En este momento el contexto económico de Extremadura muestra un crecimiento del PIB más debilitado que la media nacional, con una tasa del 2 por ciento interanual en el tercer trimestre de 2017 frente al 3,1 estatal.

Para CCOO de Extremadura, debe configurarse con una estructura sólida de ingresos que permita, desde la eficiencia, mejorar e incrementar los niveles de calidad y eficacia de los servicios públicos y contribuyan al crecimiento y la mejora del empleo en la región.

Crítica a las rebajas fiscales

Dentro del texto articulado de la ley de Presupuestos se han incluido dos medidas tributarias que van a suponer una bajada de impuestos con poco impacto general en el bolsillo del contribuyente y, sin embargo, con una merma importante en la recaudación estimada por el propio Gobierno en 15 millones de euros.

En concreto se trata de una reducción de un punto en el primer tramo de la tarifa autonómica del IRPF y una bonificación del 99 por ciento en la cuota del Impuesto sobre Sucesiones para todas las herencias a ascendientes, descendientes y cónyuges a partir del ejercicio 2018.

Respecto a la bonificación que se propone para las herencias a los familiares más cercanos supondrá una merma de cinco millones de euros en los ingresos. Se eliminan así los requisitos que se establecían anteriormente en función de un máximo en el valor de los bienes y del patrimonio previo del contribuyente.

Si bien, se trata de una bajada impositiva que trata de aminorar la presión fiscal en la región, afecta a impuestos de carácter directo y por tanto, inclina la balanza hacia el lado de los tributos menos justos, los indirectos.

Valorar el avance en las cláusulas sociales

Dentro del texto articulado hay que destacar que se da un paso más allá en el compromiso con las cláusulas de carácter social, medioambiental y relativas a la ejecución de contratos públicos.

De esta manera se incluye como condición especial dentro de los pliegos, el cumplimento por parte del adjudicatario de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

Aumento del gasto social

Por el lado del gasto, en su clasificación económica muestra un incremento de los gastos de personal de casi 48 millones de euros pero que representa una subida del 2,4 por ciento respecto al ejercicio anterior. Esta subida en términos relativos se produce por el mayor incremento en incentivos al rendimiento que aumentan un 9,9 por ciento (productividad y gratificaciones, personal eventual de gabinete, un 8,5 por ciento, y altos cargos, un 3,1 por ciento. También hay que destacar el considerable aumento en el capítulo de gastos corrientes e un 11 por ciento respecto a la dotación del año anterior. Sin embargo, las inversiones sólo aumentan en un escaso 1,6 por ciento.

La distribución por funciones muestra un incremento de las actuaciones de carácter social, de los cuales una gran parte se dirigen a Sanidad, Educación y Empleo.

Sin embargo, esa mayor subida en términos nominales supone un tasa de variación del 4,8 por ciento respecto al presupuesto inicial del 2016 y, por tanto, al crecer por debajo de la media presupuestaria supone una menor proporción de gasto sobre el total presupuestado.

De hecho la mayor subida en términos relativos se va a producir en la función de endeudamiento, amortización de deuda y pago de intereses, que se incrementa en un 22,4 por ciento respecto a la dotación del año 2016.

Las políticas que suben por debajo de la media son Sanidad, un 4,2 por ciento, Comercio y Turismo, un 3,2 por ciento, Dependencia, un 2,9 por ciento, Educación un 2,4 por ciento, Innovación y tecnología, un 2,6 por ciento y Agricultura, un 0 por ciento. La única función que se ve reducida es Empresa con un 4,4 por ciento menos que en el ejercicio 2017.

Por otro lado, las funciones que registran mayores subidas son Empleo, un 14,4 por ciento, Vivienda, un 14 por ciento, Promoción Social, un 9,5 por ciento, Cultura un 8,6 por ciento e Infraestructuras, un 7,1 por ciento.