16 junio 2017 | Publicado : 12:06 (16/06/2017) | Actualizado: 23:28 (16/06/2017)
Ep.
Por su parte, la diputada del PSOE Teresa Macías, ha destacado la gestión de la Junta de Extremadura en "defensa" de la dehesa, así como el "trabajo intenso" desarrollado por dicha administración durante 2016 y 2017 para "evitar" la sanción de 20 millones correspondiente a 2014 por la multa de pastos.
De igual modo, ha defendido que "todo desencadena desde el momento que no se recurre la primera sanción de pastos"; al tiempo que ha subrayado que "es incierto que Extremadura estuviera haciendo mal su trabajo con respecto a lo que mandaba el ministerio".
La diputada socialista también ha insistido en que la sanción de 79 millones de euros para Extremadura por esta temática es "injusta" y "un descalabro".
A su vez, la diputada del PP María Auxiliadora Correa, ha incidido en que todos los grupos parlamentarios en la Asamblea instaron al Gobierno de España a que asumiera "íntegramente" las "sanciones" sobre pastos; y ha insistido en que "en esta cuestión" tienen que ir "todos los grupos juntos".
Ha indicado en todo caso que en esta temática "el problema" es que Europa "no entiende lo que es la dehesa", algo que "viene de hace muchísimos años", y ha indicado que se "alegra" de que "a partir del año 2014 Extremadura no va a recibir sanciones", tal y como ha anunciado la directora general de la PAC.
Al mismo tiempo, ha defendido que "hay que seguir trabajando todos juntos para procurar cambiar la normativa" que "defienda" la dehesa en la futura Política Agraria Comunitaria, ha espetado la 'popular'.
Mientras, la diputada de Podemos Irene de Miguel ha dado la "enhorabuena" a la Junta si "al final" se ha conseguido que Extremadura "no vuelva a ser sancionada por la aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos", aunque ha lamentado las "incógnitas sin resolver" existentes aún en esta materia y las "noticias contradictorias" difundidas por la Administración regional al respecto.
Ha defendido también un "cambio normativo" que reconozca las "peculiaridades y singularidades" de la dehesa, algo que según ha considerado debe conseguirse a través de la "unión" de todos los territorios que comparten este ecosistema "incomprendido" en la Unión Europea, ha dicho.
Asimismo, ha considerado "totalmente injusto" que Extremadura tenga que asumir "al completo" la sanción de 79 millones de euros porque "contribuirá a perpetuar el desequilibrio territorial" que la región "ya" sufre.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha trabajado ‘’intensamente’’ en la defensa de la dehesa, de su consideración y "adecuado encaje" en la Política Agraria Comunitaria (PAC) y resultado de este "inmenso trabajo" es que ha conseguido que la Comisión Europea excluya a Extremadura de nuevas sanciones de pastos.
Así lo ha anunciado este viernes la directora general de la PAC, Yolanda García, en su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Administración Local e Interior, Urbanismo y Transporte de la Asamblea de Extremadura.
Durante su intervención, la responsable ha precisado que las líneas de actuación que se han llevado a cabo por el actual Gobierno autonómico han sido la defensa en los procedimientos de investigación abiertos para la campaña 2014/2015 y 2015/2016, la validación de la Comisión del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos, propuestas de mejora de la norma comunitaria y el análisis y puesta en funcionamiento de una capa específica de explotaciones de dehesa, que contenga superficies adehesadas y otras parcelas de uso ganadero.
En líneas generales, ha reiterado que la "primera corrección financiera" fue impuesta en el 2015 relativa a los pagos de 2008 y 2009, por la que España fue sancionada con 20 millones de euros y en este caso, el Gobierno de España repercutió a Extremadura el 50 por ciento de dicha sanción.
A su vez, la directora general ha añadido que la Junta mostró su disconformidad dado que se ha cumplido en todo momento las normas comunitarias y las instrucciones del Ministerio de Agricultura y ha agregado que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), no aplicó el coeficiente de pastos en toda España en la creación del Sistema de Identificación de Parcelas Agrarias ‘’porque entendió que no era obligatorio y porque su criterio fue que los árboles que sirven de alimento para el ganado deben ser admisibles’’.
Por ello, el Gobierno autonómico llevó el caso al Supremo por la vía contenciosa administrativa, ya que entendía que fuera el Ministerio de Agricultura y en concreto, FEGA a quien le correspondía abonar la sanción pero una sentencia conocida el mes pasado recogió la corresponsabilidad de la sanción entre la Administración Autonómica y el Gobierno de España, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.
No obstante, Yolanda García ha añadido que durante los años a los que se refiere la sanción y en lo sucesivo se ha abonado correctamente las ayudas agrarias y los ganaderos no han percibido ‘’indebidamente ningún importe’’.
SEGUNDA SANCIÓN
En cuanto a la segunda sanción impuesta por la Unión Europea porque ‘’entiende que ha habido una incorrecta aplicación de las ayudas de la PAC en las superficies de pastos relativas a los años 2010 al 2014 y cuyo importe total asciende a 270 millones de euros de los que corresponderían 79 a Extremadura y en este sentido, hemos interpuesto un contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo y hemos solicitado que la sanción la asuma el Estado y no las Comunidades Autónomas y la suspensión temporal de la ejecución de la misma’’.
‘’El Tribunal Supremo ha accedido a esta petición y, por tanto, no habrá que hacer efectiva la sanción hasta que no se resuelvan estos procedimientos judiciales’’ ha agregado.
Como aclaración, la directora general ha reiterado que en el caso de la primera sanción el Ministerio no recurrió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mientras que en la segunda gracias a las exigencias de las Comunidades Autónomas afectadas sí lo ha hecho, y ‘’el recurso está pendiente de sentencia’’.
CONSOLIDAR Y AMPLIAR LAS SUPERFICIES
La directora general de la PAC ha explicado además que ‘’es importante consolidar y ampliar las superficies admisibles en las explotaciones agrarias de cara a futuras reformas e incrementar las hectáreas declaradas anualmente, flexibilizando la aplicación de la actual PAC en las explotaciones ubicadas en el ecosistema de la dehesa’’.
Y, por tanto, ha reiterado que es necesario establecer en la normativa europea y nacional un tratamiento diferenciado y adecuado a la dehesa y otros pastos arbolados y arbustivos que recoja sus especiales características en la aplicación del régimen de ayudas de la PAC.
A colación de esto último, Yolanda García ha indicado que ‘’defenderemos la dehesa ante la nueva Política Agraria Comunitaria, buscando estrategias para lograr que las autoridades comunitarias ayuden a la región a afrontar los problemas derivados de la aplicación de los coeficientes de pastos en las superficies ganaderas’’.
