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28 agosto 2026
Una quincena de asociaciones memorialistas de Extremadura han presentado este viernes una queja ante el Defensor del Pueblo en la que solicitan la "intervención urgente" de esta institución para aclarar si la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) promovida por la Junta puede impedir el cumplimiento de la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que incluyó la Cruz de Cáceres en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenó su retirada del espacio público en el plazo de tres meses.
En concreto, ese plazo finalizó el pasado 25 de agosto sin que el Ayuntamiento de Cáceres haya ejecutado la retirada ordenada, por lo que las asociaciones han pedido al Defensor del Pueblo que determine "si la actuación de la Junta de Extremadura supone un uso inadecuado de la figura de Bien de Interés Cultural para eludir la aplicación efectiva de la Ley de Memoria Democrática".
Las asociaciones consideran "especialmente grave" la forma en que se está tramitando este expediente por parte de la Junta de Extremadura para declarar BIC dicho vestigio franquista, "marcada por la polémica generada por la incorporación y utilización de trabajos historiográficos cuyos autores han denunciado públicamente que sus investigaciones han sido empleadas para justificar una declaración patrimonial contraria a las conclusiones de sus propios estudios", según informan en una nota de prensa.
Por ello, reclaman la dimisión de la directora general de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta de Extremadura, responsable de la tramitación del expediente, "al considerar que este procedimiento está deteriorando la credibilidad de las instituciones culturales extremeñas y provocando una innecesaria confrontación social e institucional".
Igualmente, recuerdan que la Cruz de los Caídos fue promovida por el Ayuntamiento de Cáceres en 1937 e inaugurada en plena Guerra Civil como monumento de homenaje a los combatientes franquistas, "incorporando originalmente lemas de exaltación del régimen y simbología falangista".
Del mismo modo, el pleno municipal aprobó por unanimidad el 16 de diciembre de 2004, dentro de una remodelación de la zona, su traslado al cementerio municipal, acuerdo que nunca llegó a ejecutarse.
MÁS DE 3.600 FIRMAS
Cabe recordar que las asociaciones memorialistas mantienen una campaña de recogida de firmas "hasta conseguir la retirada de este vestigio franquista del espacio público" y exigen el cumplimiento efectivo de la legislación democrática vigente.
De momento, más de 3.600 personas respaldan ya esta reivindicación y las entidades anuncian alegaciones contra el expediente de declaración como BIC impulsado por la Junta de Extremadura, "una iniciativa vinculada al acuerdo político entre PP y Vox y que persigue garantizar la permanencia de un monumento levantado para homenajear a los vencedores de la Guerra Civil", insisten las mismas fuentes.
"Consideramos que, aunque se modificaron posteriormente las inscripciones y símbolos, su origen, finalidad y significado histórico continúan vinculados a la exaltación de la dictadura franquista", añaden.
Del mismo modo, agradecen los apoyos como el del Colectivo de artistas, escritores y creadores de Cáceres que han mostrado su apoyo a dicha iniciativa por la repercusión negativa que tiene el mantenimiento de estos vestigios y de cara la candidatura de Cáceres como Ciudad de la Cultura Europea en 2031.
Las asociaciones firmantes de la queja ante el Defensor del Pueblo son ARMHEX, AMHD Tierra de Barros, Asociación de Víctimas del Franquismo de Valverde de Llerena, Grupo por la Memoria Histórica de Garciaz, Amececa, ARMH José González Barrero, Afamevva, Amecadec, Colectivo Memoria de Futuro de Alburquerque, Asociación por la Memoria Histórica y la Dignidad de Segura de León "Vidas Silenciadas", ARMHEx-Calera de León, AMHD-CS, Asociación Matilde Landa, Agrupación de Familiares de Desaparecidos de la Guerra Civil y el Franquismo de Feria y Asociación de Memoria Histórica de Santa Amalia.
