ÚLTIMA HORA
Extremadura
CGPJ señala que las denuncias por violencia de género suben...
En la región, alcanzaron las 893, mientras que el número de mujeres que denunciaron como...
29 junio 2026
Ep
La situación del edificio en la calle Río Vístula nº 1 de Cáceres, situado en el barrio de Aldea Moret, sigue enfrentando al ayuntamiento y a la comunidad de propietarios, porque mientras el primero reclama la deuda del agua al edificio, los segundos denuncian que el consistorio --propietario de 30 de las 48 viviendas existentes-- no paga las cuotas de la comunidad que le corresponden.
Ante esto, la comunidad de vecinos ha criticado la contradicción que supone que el Ayuntamiento de Cáceres reclame la deuda del suministro de agua del edificio e incluso advierta de un posible corte del servicio, mientras permanecen pendientes de abono desde 2020 las cuotas comunitarias correspondientes a numerosas viviendas de titularidad municipal.
En una nota de prensa de la comunidad de vecinos, se recoge que el posible corte de suministro de agua en el nº 1 de la calle Río Vístula, afectará a más de 74 cacereños, entre los que se encuentran 21 menores y varias personas dependientes. Este corte de suministro afectará a la comunidad en su conjunto, independientemente de que los vecinos estén o no al corriente de pago.
Según el Registro de la Propiedad, el Ayuntamiento es el principal propietario del inmueble, con 30 de las 48 viviendas existentes, es el titular registral del 62% del edificio. El edificio dispone únicamente de dos contadores comunitarios y carece de contadores individuales, por lo que el suministro depende del pago de las cuotas de todos los propietarios. Además, uno de los contadores permanece averiado desde 2015 y el consumo se factura mediante estimaciones, recoge la nota.
Desde enero de 2026, la comunidad ha acudido a todos los plenos municipales solicitando que el Ayuntamiento de Cáceres, como principal propietario, contribuya al pago de las cuotas comunitarias de sus viviendas. La Junta de Propietarios sostiene que esta situación ha dificultado durante años el mantenimiento del edificio y el pago de suministros esenciales.
A ello se suma que en los recibos del agua también se incluyen tasas municipales, como la de basura. Cuando el recibo no puede abonarse, esas tasas pasan a la vía ejecutiva con recargos e intereses, mientras la deuda del agua continúa creciendo.
La comunidad advierte además de que un eventual corte del suministro afectaría no solo a quienes mantienen deudas, sino también a vecinos que pagan puntualmente sus cuotas e incluso a familias que residen en viviendas municipales como arrendatarios del propio Ayuntamiento que también están al corriente de pago.
Así, los vecinos llevan meses pidiendo al Ayuntamiento que "no actúe únicamente desde su posición institucional, sino también como titular registral de 30 de las 48 viviendas del edificio, cumpliendo las mismas obligaciones que la legislación impone al resto de propietarios".
La secretaria de la comunidad ha explicado que la empresa Canal de Isabel II "ha informado de que la instalación es insegura, lo que impiden sustituir el contador averiado". "Además, fue una sorpresa horrible comprobar que el compromiso adquirido por el Ayuntamiento en la Mesa del Agua de 2018 para evitar el corte del suministro no se había materializado y que la deuda acumulada supera ya los 126.000 euros", ha apuntado.
"La comunidad lamenta igualmente el estigma que está generando la difusión pública de la deuda, al trasladar una imagen que no refleja la realidad de muchas familias que cumplen con sus obligaciones", añade la nota, que recoge que los propietarios no pretenden eludir sus responsabilidad y lo que reclama es que "todos los propietarios, incluido el Ayuntamiento como titular de un número muy significativo de viviendas, cumplan con las mismas obligaciones y participen activamente en la solución de un problema que se arrastra desde hace décadas".
