La prisión de Cáceres es la tercera con mayor déficit de personal de todo el país

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La prisión de Cáceres es la tercera con mayor déficit de personal de todo el país con uno de cada cuatro puestos vacantes (el 25%), lo que supone que hay cerca de 80 puestos de trabajo presupuestados sin cubrir. Por delante están Topas en Salamanca y León, pero ambos centros tienen una mayor relación de puestos de trabajo reconocida.

Además, los trabajadores del centro cacereño sufren "marginación económica" porque teniendo las mismas cargas de trabajo y riesgos laborales que el resto de centros tipo, su personal cobra hasta 700 euros mensuales menos dentro del mismo Ministerio del Interior.

Así lo han señalado este jueves responsables del sindicato CCOO que han pedido que se cumplan los compromisos anunciados en sede parlamentaria y se solucione el conflicto laboral de prisiones, algo que, en el caso de la prisión cacereña, pasaría por la convocatoria de una oferta de empleo público extraordinaria para cubrir todas las vacantes.

Según CCOO, el presupuesto de Instituciones Penitenciarias para el año 2022 será el más elevado de su historia con un incremento del 5% (1.272 millones de euros) y con casi un 30% menos de población reclusa, que viene generando sobrantes de dinero público, por lo que defiende que se invierta en el capital humano que sustenta las prisiones, en mejorar sus condiciones laborales y retributivas.

Además, desde hace casi un mes la prisión de Cáceres se ha quedado sin médico, dejando sin atención sanitaria a los 450 internos que residen en ella, según ha denunciado la secretaria general de CCOO en Instituciones Penitenciaras (IIPP), Silvia Fernández, que ha ofrecido una rueda de prensa en la capital cacereña junto al responsable de salud laboral y negociación colectiva de CCOO en IIPP, José María López, y el delegado sindical en el centro penitenciario de Cáceres, Alberto Ramajo.

Fernández ha explicado que el Ministerio del Interior ha reconocido que tiene cerca de 80 puestos de trabajo presupuestados sin cubrir en la prisión de Cáceres, lo que ha calificado de "situación dramática" a la que se suma el "grave problema" del envejecimiento de la plantilla. La edad media del personal penitenciario está en los 55 años y próximamente 50 efectivos más podrán jubilarse, lo que agravará la atención del servicio público penitenciario en Cáceres.

Respecto al Centro de Inserción Social (CIS), donde están los internos en régimen de semiabierto y los terceros grados, ha criticado que en el área de vigilancia solo hay 2 funcionarios con la plaza en propiedad, uno como encargado de departamento y otro como genérico. Los siete funcionarios restantes que cubren el servicio 24 horas, todos los días del año, están en comisión de servicios.

Asimismo, ha incidido en que, desde hace casi un mes la prisión no tiene ningún médico en la plantilla, lo que ha obligado al centro a contratar temporalmente un facultativo 4 horas al día para atender las urgencias que se den coincidiendo con su horario de trabajo.

"Para atender el resto de las urgencias y las consultas programadas se tramitan las salidas al hospital ocupando el servicio de ambulancia y con custodia policial, lo que implica un mayor coste público que tener médicos en las prisiones", ha señalado la responsable sindical, que ha apuntado que la ausencia de médicos de atención primaria en una prisión supone que "los programas sanitarios se abandonen, que no se puede pasar consulta médica programada, que no se haga un seguimiento adecuado a los internos con patologías crónicas, así como a los que tienen que ir a consulta con los especialistas del hospital".

Pero también tiene consecuencias para el personal de enfermería y auxiliares que trabajan en el centro penitenciario, "que tienen que asumir funciones para las que no encuentran legalmente habilitados, y una sobrecarga de trabajo que pone en riesgo su salud", ha explicado. Finalmente, también acaba repercutiendo en el personal de vigilancia que tiene que solventar los conflictos con la población reclusa que se queja por la falta de asistencia sanitaria.

Fernández ha insistido en que la falta de médicos en las prisiones "es crónica", ya que se convocan todos los años ofertas de empleo público de 40 plazas y prácticamente su totalidad quedan desiertas, "principalmente por el agravio retributivo que existe respecto al personal médico del sistema nacional de salud, pero también por el resto de condiciones laborales muy precarias".

Por eso, CCOO cree que la solución a este asunto "pasa por cumplir la ley que ordena integrar la Sanidad Penitenciaria en los servicios sanitarios de las comunidades autónomas", como ya lo han hecho Cataluña, País Vasco y Navarra.

PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS

Según ha apuntado el responsable de salud laboral y negociación colectiva de CCOO en IIPP, José María López, "la consecuencia más grave del desmantelamiento de la sanidad penitenciaria, es el incremento de las patologías mentales en prisión", de suicidios y la ausencia de políticas públicas de salud mental, donde en torno al 30% de la población reclusa tiene algún tipo de patología mental y no dispone de ningún recurso psiquiátrico para recibir la asistencia que precisan.

Además, la mayoría de las agresiones que sufre el personal penitenciario están relacionadas con la falta de diagnóstico y tratamiento especializado de las patologías mentales.

Por ello, CCOO al igual que los Jueces de Vigilancia Penitenciara han exigido la "urgente creación de unidades psiquiátrica en prisiones", una de ellas en Extremadura y que esté dotada con los medios necesarios y y personal especializado para evitar el desarraigo social de los reclusos.

Así, el sindicato rechaza la política contraria a los criterios científicos del tratamiento de la enfermedad mental que promueve el Ministerio del Interior, con la creación de una macro psiquiátrico para presos en Valencia gastando 150 millones, lo que dejará sin recursos de salud mental y sin unidad psiquiátrica a otras cárceles que lo necesitan, como la de Cáceres y Badajoz.

CCOO ha defendido que el gasto del macro psiquiátrico debe destinarse a transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, con un coste estimado de 131,3 millones de euros, lo que "solucionaría la mayoría de los problemas, garantizando que el derecho a la salud de la población reclusa se preste en igualdad de condiciones que la del resto de la población, y equiparando las condiciones labores del personal sanitario de prisiones", ha concluido López.