01 septiembre 2021
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Así, lo ha soliciado los Círculos Empresarios de Cáceres, Plasencia y Montehermoso, exigiendo a la Junta de Extremadura que no adjudique ninguna obra ni servicio por debajo de un 10 por ciento de su precio base de licitación, ya que, aceptar bajas inferiores a ese porcentaje pone en riesgo la calidad prestada por los adjudicatarios.
Así, estas organizaciones empresariales consideran necesario que se modifique la Ley de Contratos para que el precio de la obra o servicio que se presenta a concurso no suponga el 51 por ciento de la puntuación para poder acceder a la adjudicación del mismo.
El presidente del Círculo Empresarial Placentino, Eugenio Hernández, ha salido al paso de las declaraciones del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en las que afirmaba que se iba a reducir el porcentaje de la importancia del precio en la adjudicación del Servicio de Ambulancias de un 55 por ciento a un 52.
Además, ha señalado que "esa preocupación debería extenderla a todos los contratos de la administración, no sólo al servicio del transporte sanitario".
Hernández ha subrayado que, "si lo que se pretende primar es la calidad, el precio no debe ser lo que más se valore en una licitación", recalcando que dar esa importancia al precio hace que las empresas licitadoras, con la idea de quitarse de encima a los competidores, presenten ofertas con bajas temerarias que llegan a ser del 40 o del 50 por ciento de la base de licitación.
Cuando una administración licita un contrato por un precio inferior al 50 o al 60 por ciento del proyecto redactado, "una de dos, o el que ha hecho el proyecto no ha hecho bien los números y habría que despedirlo, o hay algo raro", ha subrayado.
ESTRANGULAN LA ECONOMÍA LOCAL
Para los colectivos empresariales, las bajas temerarias, lo que se entiende por ofertas excesivamente bajas que ofrecen las empresas para poder hacerse con la adjudicación de contratos, y que cada vez son más frecuentes, al final lo que hacen es "exprimir a los trabajadores, proveedores, y subcontratas, estrangulando la economía local y comarcal, porque para poder cumplir con los contratos tienen que apretar al máximo a todos".
Por ello, los círculos empresariales consideran que las bajas sobre el precio de licitación no deben ser superiores a un 10 por ciento, porque, de lo contrario, "son bajas temerarias que, al final, salen caras, porque hay que anular el contrato, adjudicarlo nuevamente, y hacer modificaciones, como ha ocurrido con los pabellones militares de Plasencia que van a ser convertidos en una residencia de ancianos, una obra que fue adjudicada por debajo del precio base, y al final va a costar mucho más".
Otro ejemplo, también en Plasencia, es el edificio de Servicios Sociales, por el que pasaron cerca de 14 empresas diferentes, y que tardó en terminarse 9 años aproximadamente. Con casos como este, afirma Hernández, cuando se terminan los edificios muchas veces no cumplen con las normativas porque éstas se van modificando con el paso del tiempo.
Asimismo, añade que "lo que a los círculos empresariales nos llama poderosamente la atención es que, después de los miles de casos que se dan en todo el ámbito nacional, de obras que son imposibles de hacer con el presupuesto final de licitación, la administración no aprenda y no modifique su Ley de Contratos, en la que, además de prohibirse bajas temerarias, bajas excesivas, se prohíban también las modificaciones de obras y de presupuestos, posteriores a la adjudicación, ya que, en muchas ocasiones al final, la obra o el servicio se encarece por encima de su precio de salida a concurso".
En una concurrencia competitiva, insisten los círculos, debe primar la calidad sobre el precio, por lo que agradecen al presidente de la Junta su gesto con el servicio de ambulancias, pero le piden que lo haga extensivo a todos los servicios y obras que licite, y también le solicitan que eleve esta petición al Gobierno de la nación para que esta situación se solucione en todo el país.
Los círculos empresariales, por lo tanto, consideran necesario aplicar "la regla del 10 por ciento", es decir, que el precio de la oferta suponga un 10 por ciento en la puntuación de la adjudicación, y que las bajas en las ofertas a la hora de adjudicarlas no sean superiores al 10 por ciento.
